MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -
La sección española de Amnistía Internacional (AI) y la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES) han enviado 67.000 firmas al recién nombrado fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, para solicitar el cese inmediato de la ejecución de personas con enfermedad mental condenadas a pena de muerte "y como paso previo a su abolición definitiva".
A través del embajador de Estados Unidos en España y aprovechando el relevo del fiscal general del país norteamericano, ambas organizaciones ya han enviado a Estados Unidos un total de 67.124 firmas desde que se iniciara la campaña en 2006, según informó AI en un comunicado.
En la petición de firmas, ambas entidades instan al fiscal general de Estados Unidos a poner todos los medios para garantizar que los fiscales federales no pidan la pena capital para una persona procesada con enfermedad mental u otra discapacidad mental grave. También piden a Holder que detenga la ejecución de cualquier persona diagnosticada con una enfermedad mental grave.
"Amnistía Internacional y FEAFES se oponen a la pena de muerte en todos los casos y sin excepción, por considerarla una violación del derecho a la vida y del derecho a no sufrir penas crueles, inhumanas y degradantes", se lee en el comunicado.
"Esta oposición es más firme si cabe en el caso de personas afectadas por enfermedad mental grave, puesto que las ejecuciones se llevan a cabo sobre personas que no siempre pueden ser responsabilizadas de sus actos y, en algunos casos, no tienen acceso a procesos judiciales justos", añadieron las dos organizaciones.
Desde que se reanudaron las ejecuciones en 1977 y hasta el 15 de abril, según Amnistía, han sido ejecutadas en ese país 1.156 personas, entre las que se cuentan al menos cien personas con una enfermedad mental o problemas mentales graves diagnosticados antes de los delitos por los que fueron condenadas a muerte o en el momento de su ejecución.
En el comunicado, AI y FEAFES celebran "algunas noticias alentadoras" que se han producido en los últimos meses. El 9 de junio de 2008, el gobernador de Virginia, Timothy Kaine, conmutó la pena de muerte de Percy Levar Walton por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por considerar que "no puede determinarse con una certeza razonable que Walton sea plenamente consciente del castigo que va a sufrir y por qué va a sufrirlo".
Asimismo, el 27 de junio de 2008, un juez de Carolina del Norte falló que Guy Tobías LeGrande no era apto para ser ejecutado debido a la grave enfermedad mental que tiene diagnosticada. Sin embargo, su pena no fue conmutada lo que le dejó en un limbo legal por el que permanece en el corredor de la muerte.
"Una mayoría creciente de países no utiliza la pena de muerte contra ninguna persona, menos aún contra aquéllas diagnosticadas con una enfermedad mental", advirtieron AI y FEAFES. La ONU ha solicitado reiteradamente a los países que aún mantienen la pena de muerte que no la apliquen en estos casos, recordaron. "Las personas con enfermedad mental no cometen más actos violentos que el resto de los ciudadanos y, cuando estos hechos se producen, los agresores pueden no ser siempre responsabilizados de sus actos", agregaron.
A las peticiones de los ciudadanos firmantes para la detención inmediata de las ejecuciones y a lo largo de la campaña se han unido las organizaciones profesionales, como la Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN), la Sociedad Española de Psiquiatría (SEP) y la Federación Española de Asociaciones de Rehabilitación Psicosocial (FEARP), así como numerosos ayuntamientos de España e instituciones como el Parlamento Vasco o la Universidad de Cádiz.
