MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Estados Unidos ha reclamado este martes a las autoridades de Bahréin que liberen al activista Nabil Rayab, después de que las autoridades presentaran nuevos cargos contra él por un editorial publicado en el diario 'The New York Times'.
"Estamos muy preocupados por esta detención y por los nuevos cargos presentados contra él, y pedimos al Gobierno de Bahréin que le libere de forma inmediata", ha dicho el viceportavoz del Departamento de Estado, Mark Toner.
En este sentido, ha recalcado que Washington "está preocupado por el estado de los Derechos Humanos en general en Bahréin", apuntando que Estados Unidos está en contacto con las autoridades para tratar "todos estos asuntos".
El fiscal general de Bahréin, Mohamed Salá, aseguró el lunes que un hombre --identificado por ONG locales como Rayab-- había sido acusado de haber "publicado una columna en un periódico extranjero en el que ha difundido rumores, noticias y declaraciones falsos de manera deliberada con el objetivo de minar el prestigio del reino".
Rayab lleva en la cárcel desde junio por unas declaraciones publicadas en Twitter el año pasado en las que criticaba al Gobierno y acusaba a las fuerzas de seguridad de haber torturado a varios prisioneros.
El activista fue uno de los principales símbolos de la sublevación a favor de la democracia liderada por la mayoría chií del país en 2011 y, desde entonces, ha sido detenido en múltiples ocasiones.
En la columna, publicada el domingo, aseguró que Bahréin es un país que "somete a su gente a prisión, tortura e incluso muerte por el mero hecho de atreverse a desear la democracia". El artículo fue escrito desde la cárcel.
Las autoridades del país niegan los abusos sistemáticos por parte de la Policía y alegan que se han instalado cámaras en los centros de interrogatorios para vigilar cualquier mala conducta del personal de seguridad.
LAS PROTESTAS PRODEMOCRÁTICAS
Bahréin, aliado de Estados Unidos y las monarquías del Golfo, ha reprimido violentamente las protestas prodemocráticas registradas en su territorio desde 2011.
En dicho contexto, impuso la Ley de Seguridad Nacional en marzo de 2011, lo que conllevó la entrada de tropas saudíes y emiratíes en el país para aplastar las protestas.
La oposición ha denunciado en reiteradas ocasiones las medidas violentas utilizadas por las fuerzas de seguridad y ha afirmado que han fallecido más de 80 personas desde el inicio de las protestas, la mayoría de ellas por inhalación de gases lacrimógenos y atropellos de vehículos policiales.
Desde el inicio de las manifestaciones, cientos de personas han sido condenadas a penas de cárcel por su presunta pertenencia a organizaciones terroristas, así como por participar en manifestaciones o disturbios.
