Erdogan exige 420.000 euros al líder opositor en concepto de indemnización por compararle con Al Assad

Actualizado 24/05/2013 17:04:03 CET

ESTAMBUL, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, ha presentado una demanda por difamación contra el líder de la oposición, Kemal Kiliçdaroglu, en la que le exige el pago de un millón de liras turcas (unos 420.000 euros) en concepto de indemnización por haberle comparado con el presidente sirio, Bashar al Assad, ha informado la agencia de noticias turca Anatolia.

Líder del Partido Republicano del Pueblo de Turquía (CHP), Kiliçdaroglu realizó la comparación entre los dos líderes en un discurso en el marco de una reunión de la Alianza de Parlamentarios Progresistas, Socialistas y Demócratas Europeos (S&D).

El parlamentario opositor acusó a Erdogan y a Al Assad de ordenar matar a su propio pueblo y de dirigir un régimen opresor que restringe gravemente las libertades individuales. "Entre Al Assad y Erdogan, sólo hay una diferencia de sombras", aseguró.

La declaración de Kiliçdaroglu provocó cierto revuelo en el encuentro y el líder de S&D, Hannes Swoboda, dijo que esas palabras eran "imposibles de aceptar" y exigió al parlamentario y a su partido, el CHP, que se retractaran. La formación no cumplió su petición y Kiliçdaroglu suspendió la reunión que tenía previsto mantener días después.

Los abogados del primer ministro turco han presentado la demanda una semana después de la declaración y han solicitado al tribunal que multe al líder opositor con un millón de liras en concepto de compensación moral a Erdogan y porque Kiliçdaroglu ha sobrepasado claramente los límites de la libertad de expresión.

En la demanda, los letrados de Erdogan han definido los comentarios del parlamentario opositor como "inapropiados" y "erróneos" y le han acusado de ignorar los intereses públicos y de atacar la imagen personal del primer ministro.

La demanda menciona las multas que anteriormente ha tenido que pagar Kiliçdaroglu por casos relacionados con Erdogan y argumenta que el opositor debería ser obligado a pagar "un alto precio" por hablar de ese modo cuando se dirige a un público internacional como los parlamentarios europeos.

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