MADRID, 14 Sep. (Por Daniel Villanueva, Director de Entreculturas) -
Estos días cohabitan en los medios de comunicación las imágenes de niños y niñas volviendo a las aulas, con imágenes las inundaciones provocadas por el huracán Irma o la devastación del terremoto en México. Dos perspectivas de una misma actualidad que guardan más conexiones entre sí de lo que parece a simple vista.
A medida que aumentan las temperaturas globales de nuestro planeta, la posibilidad de que se originen huracanes o fenómenos climáticos adversos aumenta en consecuencia. Tragedias humanitarias que asolan infraestructuras, amenazan vidas, fuerzan desplazamientos de la población y destruyen servicios básicos, entre ellos numerosas escuelas.
Muchos niños y niñas han visto cómo su ilusión de volver al cole, de volver a ver a sus amigos, queda truncada. En los contextos de mayor vulnerabilidad social, junto al derrumbamiento físico de bienes, viviendas y servicios, se produce también un derrumbamiento emocional de comunidades que no pueden garantizar las condiciones de futuro que desearían para sus hijos.
En el mundo hay 75 millones de niños y niñas que ven afectado su derecho a la educación al vivir en zonas devastadas por catástrofes naturales y/o conflictos. Los desastres naturales impactan de forma muy distinta en las zonas más pobres del planeta. Provocan sufrimiento, desplazamiento y refugio.
Pero además, las relaciones entre las cuestiones ambientales, entre tierra y educación, tierra y Derechos Humanos están íntimamente ligadas. Hay escuelas en peligro de extinción por catástrofes medioambientales, pero también por emergencias ligadas a conflictos y a violencia, muchas de ellas originadas por la lucha y el control de los recursos naturales.
De los 264 millones de menores que no van al colegio, dos tercios de ellos viven en países ricos en dichos recursos, que paradójicamente, tienen los índices de pobreza más altos, los niveles de educación más bajos, y el mayor número de conflictos violentos, recurrentes y complejos. La fuerte presión sobre los recursos minerales, fósiles, pesqueros, forestales y agrícolas y la lucha por su comercio, generan, además de degradación ambiental, tensión, conflictos y violencia, escasez de escuelas, de docentes, desigualdad de género y un empobrecimiento de la población que hace que el derecho a la educación sea vulnerado y retroalimente el círculo vicioso de la exclusión.
De los 40 conflictos que entre 1999 y 2013 han conllevado ataques directos a la educación (destrucción de escuelas, asesinatos, agresiones o amenazas a estudiantes y a docentes), más de la mitad estaban vinculados con este fenómeno. El caso de República Democrática de Congo es tristemente paradigmático: un país con vastos recursos naturales sumido desde los años 90 en conflictos por el dominio de los mismos.
Los acaparamientos de tierras para grandes proyectos extractivos, agrarios, madereros o hidroeléctricos, también amenazan la educación en países como Kenia, donde cerca de 30.000 escuelas públicas están en riesgo de desaparecer por esta causa.
La Amazonía ha sido históricamente percibida como un espacio rico en recursos naturales y "vacío", despoblado, como una enorme despensa que los gobiernos y empresas tendrían a su disposición para explotar, sin reconocer ningún derecho a las poblaciones originarias y sin preocuparse por la sostenibilidad y equilibrio ecológico.
La región del Alto Marañón en Perú, es, por ejemplo, un territorio con un valor estratégico creciente y fundamental por sus abundantes recursos, pero la violencia de su depredación hace que esté pasando por una crisis socio ambiental que impacta en la dificultad de acceso a una educación de calidad para sus poblaciones más empobrecidas. Síntoma de ello son los altos índices de analfabetismo, cuatro veces más alto que en el resto del país.
CAMPAÑA
De todo esto habla la campaña que lanzamos desde Entreculturas "Escuelas en Peligro de Extinción" y el informe que acompaña a la campaña titulado "Educación en tierra de conflicto. Claves para la paz y el desarrollo sostenible". Si queremos cambiar estas realidades urge apoyar la iniciativa para que España apoye la Resolución 26/9 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la elaboración de un instrumento jurídicamente vinculante para regular las actividades de las empresas transnacionales en el Derecho Internacional de los derechos humanos.
Urge aprobar una ley que incorpore la Directiva europea 2014/95 y asegure la transparencia en materia de derechos humanos y medio ambiente. Urge que el Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos, aprobado el 31 de julio, se concrete en medidas efectivas y que no se quede en papel mojado por falta de presupuesto. Urge cumplir con el objetivo mínimo de destinar el 4% de la Ayuda destinada a Ayuda Humanitaria a educación en emergencias y avanzar con paso firme hacia el 6% destinado actualmente por la UE. Urge aumentar las medidas por la justicia fiscal porque hay regiones exportadoras, como la centroafricana, donde los volúmenes de fondos que se detraen a través de la evasión de impuestos superan el total de la Ayuda recibida.
Por eso, en plena vuelta al cole, traemos esta señal de alerta: la educación es un derecho fundamental, especialmente en tantas tierras de conflicto donde hoy se forjan las sociedades del mañana. Defender estas escuelas en peligro de extinción es una de las claves fundamentales para la paz y el desarrollo sostenible.
