Actualizado: jueves, 15 junio 2017 16:55

BRUSELAS, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Eurocámara ha reclamado este jueves que la Comisión Europea "garantice la igualdad de condiciones para los proveedores de servicios en plataformas en línea y otros servicios con los que compitan" tradicionales y han reclamado que se aclare la responsabilidad de los intermediarios a fin de reforzar la seguridad jurídica y la confianza de los usuarios, dejando claro que las plataformas que no sean neutras no pueden estar exentas de responsabilidad en una resolución sobre las plataformas digitales aprobada por 393 votos, 146 en contra y 74 abstenciones.

Los eurodiputados instan a la Comisión Europea y a los Veintiocho a adoptar "las medidas necesarias" para "garantizar el pleno respeto de los derechos de los ciudadanos a la privacidad y la protección de sus datos personales en el entorno digital" y advierten de que, con frecuencia, se "incentiva a los usuarios para que compartan sus datos personales con las plataformas en línea". Por ello, defienden que se les informe sobre "la naturaleza exacta de los datos recopilados y la forma en que se utilizarán" y que "puedan controlar" su utilización, insistiendo en que debería existir la opción de no compartir datos personales.

En el texto, reclaman además que las plataformas en línea "garanticen la protección del anonimato cuando los datos personales sean tratados por terceros" y a la Comisión que estudie "un enfoque armonizado" para garantizar el derecho de rectificación, réplica y desistimiento para los usuarios de las plataformas, así como crear condiciones "equitativas" para las reclamaciones de daños y perjuicios contra las plataformas por la circulación de información "denigrantes, que provoque un daño persistente al usuario".

Los eurodiputados también ven necesario que la Comisión y los Veintiocho estudien "el potencial de error y sesgo en el uso de algoritmos" a fin de evitar "cualquier tipo de discriminación, prácticas injustas o violación de la privacidad".

Además, piden al Ejecutivo comunitario que estudie la situación y el marco jurídico sobre "las noticias falsas" y que examine legislar "para limitar su difusión" y "la propagación de contenidos falsos" en las redes sociales y también le reclaman "métodos adecuados y razonables" para que las propias plataformas digitales "puedan detectar y retirar los bienes y contenidos ilícitos".

Igualmente, piden a las plataformas digitales que "refuercen las medidas para luchar contra los contenidos ilegales y nocivos en línea" y respaldan propuestas de la Comisión para proteger a los menores de contenido problemático en las mismas, que inciten al odio o al terrorismo.

En todo caso, piden que la Comisión priorice "acciones que permitan la aparición y expansión de empresas emergentes y plataformas en línea europeas" y defiende que algunas plataformas en línea posibilitan "la economía colaborativa y contribuyen a su crecimiento en Europa", insistiendo en que se trata de "nuevos modelos de negocio que crean empleo, fomentan el emprendimiento y ofrecen nuevos servicios".

En cualquier caso, piden "una diferencia clara" entre las plataformas B2C (empresa a consumidor) y las plataformas B2B (empresa a empresa) dado que éstas últimas "son clave" para desarrollar servicios basados en la nube o las plataformas para compartir información.

Eso sí, también lamentan que a pesar de que se consumen cada vez más contenidos creativos en plataformas de contenidos cargados por usuarios y servicios de agregación de contenidos, el sector creativo "no ha experimentado un aumento comparable de ingresos" y afea "la falta de claridad sobre el estatuto de estos servicios en línea" respecto a los derechos de autor.

"Se ha creado un mercado desleal que representa una amenaza para el desarrollo del mercado único digital y de sus principales actores, a saber, las industrias culturales y creativas", denuncian en el texto, en el que piden "examinar" cómo reforzar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos de autor.

Asimismo, piden estudiar si es necesario "complementar" el marco actual normativo tras constatar que aunque "muchas políticas de la Unión también se aplican a las plataformas en línea", la legislación no se cumple correctamente o se interpreta de forma diferente en los Estados miembro.

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