Exjefe del Ejército de Sudán del Sur Paul Malong dice no arrepentirse de su papel en el conflicto tras sanciones de EEUU

Publicado 13/09/2017 3:47:14CET

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El exjefe del Ejército de Sudán del Sur Paul Malong Awan ha recalcado este martes que no se arrepiente de su papel en el conflicto en el país, días después de que Estados Unidos impusiera sanciones contra él y otros dos altos cargos gubernamentales por "el papel de oficiales del Gobierno sursudanés contra la paz, la seguridad y la estabilidad del país".

"Sí, fui jefe del Ejército, y las funciones del jefe del Ejército están en su acta fundacional, consistente y subordinada a la Constitución", ha dicho, en declaraciones al diario 'Sudan Tribune'.

"Por ello, ejercí mis funciones como cualquier otro jefe del Ejército lo hace en otros países. Si de eso es de lo que se me acusa, no me arrepiento. Hice lo correcto, lo sé", ha subrayado.

Asimismo, ha negado haberse beneficiado económicamente del cargo, asegurando que "todo el mundo que me conoce sabe que no he comprado nada después de asumir el puesto". "Los documentos están ahí para que la gente los vea", ha remachado.

El Gobierno de Sudán del Sur describió la semana pasada como "desafortunadas y poco útiles" las sanciones anunciadas por Estados Unidos, afirmando que lo que necesita el país "es apoyo moral y financiero, no sanciones".

El Departamento del Tesoro detalló que los afectados son el 'número dos' del Ejército, Malek Reuben Riak Rengu; el ministro de Información, Michael Makuei Lueth; y Malong --cesado en mayo por el presidente, Salva Kiir, y puesto bajo arresto domiciliario--.

En su comunicado, acusó a Riak Rengu de "participar o ser cómplice de acciones o políticas que amenazan la paz, la seguridad y la estabilidad en Sudán del Sur (...) o que tenían el propósito o el efecto de expandir el conflicto en Sudán del Sur u obstruir los procesos de reconciliación y conversaciones de paz".

Asimismo, acusó al ministro de Información de "participar o ser cómplice en ataques contra Naciones Unidas, obstruir las actividades internacionales de pacificación y las misiones diplomáticas o humanitarias en Sudán del Sur", así como de "obstruir la entrega o distribución de ayuda humanitaria".

El Departamento acusó además a Makuei Lueth de "llevar a cabo acciones o políticas que tenían el propósito o el efecto de expandir el conflicto en Sudán del Sur u obstruir los procesos de reconciliación y conversaciones de paz".

En el caso de Malong, acusó al exjefe del Ejército de "participar o ser cómplice de acciones o políticas que amenazan la paz, la seguridad y la estabilidad en Sudán del Sur (...) o que tenían el propósito o el efecto de expandir el conflicto en Sudán del Sur u obstruir los procesos de reconciliación y conversaciones de paz", así como de "obstruir las actividades internacionales de pacificación y las misiones diplomáticas o humanitarias en Sudán del Sur", así como de "obstruir la entrega o distribución de ayuda humanitaria".

"Estas acciones envían un claro mensaje a aquellos que se están enriqueciendo a costa del pueblo sursudanés. No les permitiremos explotar el sistema financiero estadounidense para esconder los frutos de su corrupción y su comportamiento maligno", destacó el vicesecretario para Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro, Sigal Mandelker.

"El Tesoro responderá a las atrocidades que tienen lugar en Sudán del Sur actuando contra los que abusan de los Derechos Humanos, buscan descarrilar el proceso de paz y obstruir la reconciliación en Sudán del Sur", remachó.

Sudán del Sur se independizó de Sudán en 2011, pero se sumió en una guerra civil en 2013, cuando Kiir destituyó a Riek Machar, actual líder rebelde que en aquel momento ejercía de vicepresidente en el marco de un gobierno de consenso.

Naciones Unidas ha alertado en varias ocasiones de la posibilidad de un genocidio en el país, debido al cariz étnico que parece estar tomando el conflicto.

En agosto, la ONU afirmó que el conflicto había causado cerca de 1,9 millones de desplazados internos, mientras que casi otros dos millones se encuentran refugiados en los países vecinos y cerca de seis millones se encuentran en situación de "inseguridad alimentaria grave".

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