MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -
La tragedia de la región sudanesa de Darfur ha escondido un drama humano cuantitativamente aún mayor: el conflicto civil entre el gobierno islamista de Jartúm y el sur cristiano animista que, en los últimos 18 años, se ha cobrado la vida de más de dos millones de civiles, una cifra seis veces más alta que el número de bajas en Darfur desde 2003.
Norte y sur llevan enfrentados desde 1955 hasta 2005 salvo una frágil e intermitente tregua de 11 años (1972-1983). Esencialmente, el conflicto comienza con los esfuerzos del sur para desvincularse de la dominación económica y política ejercida por Jartúm para controlar los vastos recursos petroleros del sur de Sudán.
Precisamente en 2005 ambas partes en conflicto firmaron el llamado Acuerdo Integral de Paz (CPA) tras años de negociaciones auspiciadas por Estados Unidos y un bloque de países del este de África. El acuerdo concedía al presidente sudanés Omar al Bashir y a su Partido Nacional del Congreso una oportunidad para demostrar a los separatistas del Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán (SPLA) las ventajas que comportaba un páis unificado. En segundo lugar, el CPA garantizaba la celebración de un referéndum para que los sudaneses del sur votaran sobre la posibilidad de declarar formalmente su independencia en enero de 2011.
OBJETIVOS INCUMPLIDOS
Cuatro años después, "todos los indicios apuntan a una cancelación del referéndum y el regreso a la guerra", advierte el director del grupo Enough Project y antiguo asesor del Consejo de Seguridad Nacional del presidente estadounidense Bill Clinton, John Prendergast. "La guerra en Darfur ha sido un picnic en comparación con lo que ha sucedido en el sur", añadió.
El país se encamina a la reanudación del conflicto porque el primer punto del acuerdo sobre el "Sudán unificado" parece haberse esfumado sin que nadie se haya dado cuenta. El presidente Omar al Bashir se ha limitado a integrar al líder del brazo político del SPLA, Salva Kiir, dentro del Gobierno en calidad de vicepresidente, pero sin ningún poder real. El conflicto en Darfur ha sido convenientemente explotado para ocultar las flagrantes deficiencias en la adopción del CPA. El Gobierno sudanés se ha resistido a la orden de arresto promulgada por el Tribunal Penal Internacional contra Al Bashir por genocidio, crímenes contra la Humanidad y crímenes de guerra al "organizar personalmente" una campaña de asesiantos, violaciones y deportaciones masivas contra las etnias Fur, Masalit y Zaghawa.
Y en cuanto al prometido referéndum, los expertos internacionales acusan directamente a Jartúm de emplear la más mínima oportunidad para impedir el plebiscito, demandando a los sursudaneses que viven en el norte que presenten su voto (a sabiendas de que casi todos ellos están en contra de la independencia) y exigiendo una "supermayoría" por la que un mínimo del 75 por ciento de los votantes debería aprobar la autodeterminación para que esta tuviera lugar. Por si fuera poco, el Gobierno sudanés exige como condición inapelable la mitad de los beneficios de la explotación petrolera en el sur de Sudán durante el próximo medio siglo.
Jartúm se ha comportado de una manera muy hábil al evitar presiones de la comunidad internacional prestando su cooperación a Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo, según explica el antiguo representante de EEUU para el conflicto de Darfur durante la administración Bush, el senador John Danforth. En cuanto a sus vecinos regionales, el Gobierno sudanés se ha evitado interferencias a negociar importantes descuentos petroleros en Etiopía.
Además, bien es cierto que el SPLM, el brazo político del SPLA, no ha contribuido a mejorar la situación. Desde la muerte de su líder, John Garang, en 2005 en un accidente de helicóptero nada más firmar el CPA, el grupo ha sido incapaz de prestar la más mínima ayuda a las partes de la región que tiene presuntamente bajo control. El nivel de corrupción es salvaje y el SPLM se ha mostrado completamente inútil a la hora de imponer un Gobierno efectivo, por lo que a Jartúm no le ha costado nada vender la idea de que el SPLM fracasaría totalmente a la hora de controlar el sur del país si alguna vez consiguiera su independencia.
UN PAÍS FICTICIO
La cuestión de fondo, según los analistas, es que Sudán funciona bajo la ilusión de que es un país. Y no lo es. "El país entero se ha convertido en una colección de acuerdos de paz", lamenta el analista del Centro para el Estudio Político y el Diálogo, Medhane Tadesse. "Jartúm sabe que estos acuerdos jamás serán puestos en práctica. Saben cómo congelar y paralizar estos procesos, porque ya tiene experiencia previa en Darfur y en el este de Sudán", explicó.
Los civiles se encuentran ahora mismo atrapados entre el Gobierno del norte, armado hasta los dientes, empeñado en derrotar definitivamente a las milicias del sur. Sólo este año más de 2.000 personas han muerto en los enfrentamientos del sur de Sudán, una cifra que muertes violentas que supera a las de Darfur. Los petrodólares que ha recibido Jartúm le han permitido comprar al menos 28 helicópteros de ataque a Rusia y Bielorrusia. El SPLA por su parte, ha invertido el dinero del petróleo en la compra de decenas de tanques ucranianos , según un último informe del Instituto Graduado de Estudios y Desarrollo Internacionales, con sede en Ginebra.
La administración del presidente estadounidense y recién declarado premio Nobel de la Paz, Barack Obama, ha puesto la situación en manos de su nuevo enviado especial, el general J. Scott Gration, cuya forma de abordar el conflicto, ofreciendo "galletas, sonrisas y negociación" ha levantado ampollas entre grupos de derechos humanos, que le acusan de "falta de mano dura" con un Gobierno cuyo presidente está acusado de los cargos más graves de los que se puede responsabilizar a un individuo, y que defienden que la única forma de asegurarse de que Jartúm responde a las exigencias de la comunidad internacional es a base de sanciones, como ha sucedido en el pasado.