El expresidente de Maldivas Mohamed Nashid pide a India que intervenga mandando un enviado respaldado por el Ejército

El expresidente De Maldivas Mohamed Nashid
Reuters
Publicado 06/02/2018 7:53:15CET

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Maldivas Mohamed Nashid ha pedido este martes a India que intervenga mandando un enviado respaldado por su Ejército para liberar a los jueces del Tribunal Supremo y altos cargos opositores detenidos en el país.

"En nombre del pueblo de Maldivas pedimos humildemente que India mande a un enviado, respaldado por su Ejército para liberar a los jueces y detenidos políticos, incluido el (ex) presidente (Maumun Abdul) Gayum. Pedimos presencia física", ha dicho Nashid en un mensaje en Twitter.

En el mismo, ha reclamado además a las autoridades de Estados Unidos "que pongan fin a todas las transacciones financieras de los líderes del régimen de Maldivas a través de bancos estadounidenses".

El mensaje del expresidente ha sido publicado después de la detención del presidente del Tribunal Supremo, Abdulá Said, y a otro juez del organismo, horas después de que el presidente del país, Abdulá Yamin, declarara el estado de emergencia.

La Policía anunció las detenciones a través de su cuenta en la red social Twitter, afirmando que se enmarcan "en una investigación en marcha", sin desvelar las acusaciones contra Said y el segundo juez, Alí Hamid.

Yamin declaró el lunes el estado de emergencia durante 15 días en el marco de un pulso político con el Tribunal Supremo que ha derivado también en el arresto del expresidente Gayum, que gobernó el archipiélago durante tres décadas, hasta 2008.

El presidente anunció el decreto después de negarse a acatar la resolución del Supremo para liberar a nueve líderes de la oposición que están encarcelados. El ministro de Sanidad, Husain Rashid, presentó el lunes su dimisión por su disconformidad con la decisión del Gobierno.

"Ciertos derechos estarán restringidos, (pero) los movimientos generales, los servicios y los negocios no se verán afectados", explicó la oficina presidencial, en un comunicado en el que también ha prometido la "seguridad" de todos los ciudadanos, tanto nacionales como extranjeros.

Los términos del estado de emergencia, sin embargo, contemplan que los jueces no gocen de privilegios especiales en caso de que se ordene su detención.

EL FALLO DEL SUPREMO

En su fallo de la semana pasada, el Supremo ordenó la liberación inmediata del expresidente Mohamed Nashid y otros ocho líderes opositores, entre ellos el exvicepresidente Ahmed Adib, recalcando que se deben repetir los juicios contra ellos.

La decisión afectaba además al parlamentario Ahmed Faris; el líder del Partido Jumhuri, Gasim Ibrahim; el exfiscal general Muhuzaz Muhsin; el exmagistrado Ahmed Nihan; el líder del Partido Adhaalaz, Imran Abdulá; el exministro de Defensa Mohamed Nazim; y Hamid Ismail.

"Tras considerar los casos presentados ante el Supremo por violaciones de la Constitución de Maldivas y los tratados de Derechos Humanos de los que Maldivas es parte, y debido a las investigaciones motivadas políticamente seguidas de juicios donde los fiscales y jueces fueron influenciados de manera indebida, el Supremo falla que estos casos deben ser juzgados de nuevo siguiendo los estándares legales", dijo.

"Hasta que estos casos sean juzgados de nuevo según los estándares legales (estas personas) deben ser liberadas inmediatamente para facilitar la repetición del juicio y las investigaciones de los casos", agregó.

El tribunal ordenó además que los doce parlamentarios cesados de sus cargos que vuelvan a sus escaños, lo que da la mayoría a la oposición, que podría aprobar un 'impeachment' contra el presidente.

El Gobierno de Maldivas apuntó en respuesta que respetaba el fallo y asegurí que trabaja para su aplicación, en un comunicado publicado por la Presidencia del país. Sin embargo, dio marcha atrás y se negó a proceder a las liberaciones.

La inestabilidad es persistente en el archipiélago desde el derrocamiento de Nashid en febrero de 2012, tras lo que fue arrestado y sentenciado en marzo por ordenar el secuestro de un juez, tras un proceso criticado por la comunidad internacional.