MANILA, 26 Ene. (Reuters/EP) -
Cuatro familias de supuestos drogadictos y narcotraficantes que han muerto a manos de la Policía filipina en el marco de la guerra contra las drogas que ha impulsado el presidente del país, Rodrigo Duterte, han presentado un recurso en el Tribunal Supremo de Filipinas este jueves, con el que solicitan a las autoridades policiales que revelen las pruebas que relacionaban a sus familiares fallecidos con el narcotráfico.
Los abogados de las familias de cuatro hombres fallecidos en una redada policial en un barrio obrero de Manila en el mes de agosto, junto al representante legal del único superviviente de la operación, han pedido este jueves a las autoridades del Supremo que permita que se desclasifiquen los documentos policiales donde supuestamente se incluyen las pruebas que incriminaban a los fallecidos.
La guerra contra las drogas que ha puesto en marcha Duterte ha causado la indignación de la comunidad internacional y de decenas de grupos por los Derechos Humanos, que denuncian que se están llevando a cabo ejecuciones extrajudiciales donde la Policía está actuando con total impunidad.
El mandatario filipino ha llegado a decir que en el caso de que se demuestre que alguno de los sospechosos murió a manos de las fuerzas de seguridad por el mero hecho de oponer resistencia, se pondría de parte de la Policía sin dudar.
Más de 7.000 personas han muerto en unas 2.250 operaciones contra el narcotráfico desde que Duterte asumió la presidencia de Filipinas hace menos de siete meses. La Policía alega que la mayor parte de los fallecidos han muerto durante enfrentamientos entre bandas rivales, aunque los críticos aseguran que la mayor parte de las muertes son a manos de justicieros contratados por las autoridades.
El recurso presentado este jueves pide al Supremo que ordene a la Policía que suspenda las operaciones policiales en el barrio de Quezon City en Manila, donde perdieron la vida los familiares. Por otro lado, también solicitan que las autoridades hagan públicos los documentos en los que se basaron los policías a la hora de identificar a sus familiares como traficantes de droga. Las familias niegan por completo que los fallecidos tuvieran relación alguna con el mundo del narcotráfico.
El portavoz presidencial, Ernesto Abella, ha asegurado este jueves que las autoridades policiales no han tenido ninguna implicación en las muertes extraoficiales y que Duterte permitirá que el proceso legal siga su curso sin interferir. La petición judicial se ha producido en medio de un ambiente en el que los críticos no se atreven a denunciar en exceso la campaña, que cuenta con el apoyo de la mayor parte de la población.
Los denunciantes aseguran que la Policía ha falsificado los certificados de defunción y los informes sobre las operaciones policiales. Según han explicado, han podido presentar el recurso gracias la información proporcionada por el único superviviente, Efren Morillo, un vendedor de verduras.
En una entrevista con la agencia de noticias Reuters, Morillo aseguró que no tenía nada que ver con el mundo de la droga y que había logrado sobrevivir porque fingió estar muerto. Según explicó, escuchó a sus amigos suplicar por sus viadas antes de que fueran tiroteados. Las únicas personas que llevaban armas encima en aquel momento eran los policías.
En un discurso este jueves, Duterte ha señalado que decenas de policías y militares han muerto a causa de la campaña contra la droga a manos de drogadictos y narcotraficantes, por lo que se ha mostrado completamente a favor de que las fuerzas de seguridad utilicen la fuerza bruta para defenderse. "Asumo toda la responsabilidad legal", ha afirmado.
