Filipinas expulsa del país a un diputado socialista europeo por criticar a Duterte

Rodrigo Duterte
REUTERS / EZRA ACAYAN - Archivo
Publicado 15/04/2018 17:42:55CET

MANILA, 15 Abr. (Reuters/EP) -

Las autoridades de Filipinas han negado este domingo la entrada en el país y ordenado la deportación de un integrante de los Socialistas europeos por criticar la brutal represión antidroga del presidente Rodrigo Duterte.

Giacomo Filibeck, subsecretario general del Partido de los Socialistas Europeos (PSE), tuvo que dar media vuelta nada más llegar al aeropuerto internacional de Cebú, en el centro de Filipinas, cuando iba a acudir al congreso del también socialista Partido Acción de los Ciudadanos (AKBAYAN).

Este partido, hermano del PSE, ha condenado "en los términos más enérgicos, la detención y deportación de Giacomo Filibeck". "Este desafortunado incidente solo muestra cuán paranoico es este gobierno para mantener ciego al resto del mundo respecto al daño que el presidente Duterte le ha hecho a nuestro país".

En Europa, PSE también ha protestado "en los términos más enérgicos posibles por la detención y deportación injustificadas" de uno de sus altos funcionarios en Filipinas.

"Claramente, el presidente pretende silenciar las críticas a sus políticas mortales tanto en el país como en el extranjero", ha agregado el presidente del PSE, Sergei Stanishev.

En respuesta, el secretario de Justicia, Menardo Guevarra, justificó la acción. "Es ilegal que los extranjeros que se alojen en nuestro país para llevar a cabo actividades políticas partidistas, y el Gobierno tiene el derecho de denegar la entrada a aquellos que han cometido actos así en el pasado".

Filibeck, recordó Guevarra, estuvo en el país en octubre de 2017 junto con una misión internacional de investigación de los derechos humanos, que denunció los homicidios cometidos durante la campaña antidrogas de Duterte.

Más de 4.100 personas han muerto mientras se resistían a los arrestos en operaciones antinarcóticos y otras 2.300 personas han muerto en asesinatos relacionados con las drogas desde julio de 2016. El Gobierno niega exceso de fuerza, en términos generales, y asegura que llevará ante la justicia ante los policías que se sobrepasen con la población.