CARACAS, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, ha dado por hecho que será cesada en la vista que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) celebrará este martes para decidir sobre su antejuicio de mérito y ha avanzado que, en tal escenario, seguirá luchando para "restablecer la democracia" en la nación caribeña.
Ortega Díaz ha dado una rueda de prensa en la sede del Ministerio Público para anticiparse a la audiencia judicial para decidir si puede ser juzgada por cometer faltas graves en el ejercicio de su cargo, tal y como solicitó el diputado 'chavista' Pedro Carreño, que ha llegado a decir que la fiscal general sufre "insanía mental".
La jefa del Ministerio Público ha aclarado que no acudirá a la vista oral porque no reconoce ni a sus miembros, cuya designación intentó impugnar, ni al TSJ, al que ha acusado de violar la Constitución. "No voy a convalidar un circo cuya decisión ya está cantada. ¡No los reconozco!", ha dicho.
Ortega Díaz ha asumido que la cita judicial concluirá con su destitución, dado que todas las decisiones que el alto tribunal ha dictado hasta ahora han perjudicado a la Fiscalía General. La última de ellas, ha sido el cese del 'número dos' nombrado por la funcionaria venezolana, precisamente la persona que está llamada a sucederla. "Yo no he cometido delitos ni faltas", ha afirmado.
Ortega Díaz ha sostenido que su único delito ha sido denunciar "una ruptura del hilo constitucional". "Y lo sigo manteniendo" porque "esta afirmación está apegada a derecho", ha añadido. "El TSJ entendió lo que le convenía el escrito consignado por el diputado Pedro Carreño en mi contra", ha lamentado, criticando que una vez más que el Supremo ha fallado "sin fundamento".
Así las cosas, ha anticipado que, en el caso de que sea cesada, "no quedará otra que colaborar para restablecer la democracia" en Venezuela y que lo hará "en la defensa de la institucionalidad democrática que representa el Ministerio Público". "Seguiré en la lucha y vamos a triunfar", ha asegurado, insistiendo en que está en marcha un "grotesco" golpe de Estado perpetrado por el propio Gobierno.
MÁS REPRESIÓN
Por otro lado, ha denunciado que "en los últimos días ha habido un desborde de la represión" en Venezuela. Ortega Díaz ha cifrado en 90 muertos y más de 4.000 procesados el balance de los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y la oposición, que lleva meses manifestándose contra el Gobierno de Nicolás Maduro en las calles.
Ortega Díaz ha aprovechado para resaltar el trabajo de la Fiscalía General en el marco de la crisis política. "Hemos hecho una investigación de cada uno de los hechos violentos que han ocurrido en estos últimos meses", a pesar de que "la Justicia Militar se ha convertido en un gran obstáculo porque ahora proceso a civiles", ha señalado.
Ortega Díaz está en el punto de mira del 'chavismo' desde que comenzó a desmarcarse de la línea oficial para criticar la gestión que el Palacio de Miraflores ha hecho de la ola de protestas. La fiscal general, que ha llegado a denunciar "terrorismo de Estado", ha revelado que ha recibido varias amenazas.
CRISIS VENEZOLANA
La tensión política en Venezuela alcanzó un nuevo pico el pasado marzo, cuando el Tribunal Supremo de Justicia despojó de sus poderes a la Asamblea Nacional --controlada por la oposición desde 2016-- y dejó sin inmunidad parlamentaria a los diputados.
El Gobierno de Maduro ordenó dar marcha atrás en ambas decisiones, algo que el TSJ cumplió, pero la oposición y la Organización de Estados Americanos (OEA) consideran que se ha producido una "ruptura del orden constitucional" que requiere elecciones anticipadas.
Desde entonces, la Mesa de Unidad Democrática (MUD) no ha dejado de convocar manifestaciones multitudinarias que han acabado en duros enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Tanto el Gobierno como la oposición se han acusado de reventar las protestas armando a civiles infiltrados.
Maduro ha convocado una Asamblea Constituyente por considerar que es la única forma de devolver la paz a Venezuela. La MUD, por su parte, ha denunciado que de esta manera el 'chavismo' pretende consumar el "autogolpe" que comenzó con las polémicas sentencias del TSJ.
La Asamblea Constituyente estará formada por 500 "ciudadanos" que serán elegidos el próximo 30 de julio "a través del voto universal, directo y secreto", de los cuales la mitad, 250, saldrán de sectores de marcado corte oficialista, según ha detallado Maduro.
