La Fiscalía impulsa la investigación sobre el Palacio de Justicia en el 30º aniversario

 

La Fiscalía impulsa la investigación sobre el Palacio de Justicia en el 30º aniversario

Palacio de justicia
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Publicado 06/11/2015 0:04:32CET

BOGOTÁ, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Colombia ha dado un nuevo impulso a las investigaciones sobre la toma del Palacio de Justicia de Bogotá, de cara al 30º aniversario de unos hechos aún controvertidos, que se celebrará este viernes.

El fiscal general, Eduardo Montealegre, ha anunciado que en los próximos días se exhumarán cuatro cadáveres que, según ha adelantado, "podrían ser de personas que desaparecieron en el conocido popularmente como Holocausto del Palacio de Justicia.

Montealegre ha revelado que el Ministerio Público "está construyendo un banco de perfiles genéticos con familiares de personas que murieron en el Palacio de Justicia para analizarlos con los que hay en Medicina Legal utilizando los avances tecnológicos".

"Ese examen nos condujo a que recientemente identificamos a tres personas que aparecían con nombres distintos, dos personas en sus tumbas con una identificación y nombre distinto. Es decir, no eran las personas que aparecían formalmente", ha recordado.

Además, la Fiscalía ha citado entre el 26 de noviembre y el 3 de diciembre a los ministros de Gobierno, Justicia y Comunicaciones durante el Gobierno de Belisario Betancur --Jaime Castro, Enrique Parejo y Noemí Sanín, respectivamente-- para determinar si estaban al tanto de los planes de la guerrilla del M-19 de atacar el Palacio de Justicia.

El Ministerio Público baraja la posibilidad de que el Gobierno fuera consciente de lo que iba a suceder y lo permitiera para dar un golpe contundente a la guerrilla y forzar su rendición definitiva, como finalmente ocurrió.

"Este es uno de los indicios sobre los cuales trabaja la Fiscalía para no descartar el hecho de lo que ha denominado la 'Operación Ratonera', que consistía en permitir el ingreso de miembros del M-19 para posteriormente darle muerte en la retoma", ha señalado Montealegre.

Así las cosas, la prensa colombiana lleva días asegurando --aunque sin citar fuentes-- que el actual presidente, Juan Manuel Santos, hará este viernes una declaración solemne en la que pedirá perdón por los sucesos del Palacio de Justicia.

TOMA DEL PALACIO DE JUSTICIA

El 6 de noviembre de 1985 guerrilleros del M-19 asaltaron el Palacio de Justicia, ubicado en la céntrica Plaza Bolívar de Bogotá, a lo que militares y policías respondieron con un operativo que duró 27 horas, prolongándose hasta el día siguiente.

En total, 98 personas murieron y 11 desaparecieron, aunque en el año 2000 este número se redujo a 10 con el hallazgo en una fosa común del cadáver de Ana Rosa Castiblanco, una trabajadora de la cafetería del Palacio de Justicia, y recientemente ha pasado a ocho.

Las investigaciones de la Fiscalía revelaron en 2005 que los civiles desaparecidos salieron con vida de la sede judicial bajo custodia de la Fuerza Pública --militares y policías--. Hasta ahora, han sido detenidos tres militares por estos hechos.

CONDENA A COLOMBIA

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el año pasado al Estado colombiano por su responsabilidad en las numerosas violaciones de Derechos Humanos cometidas en el marco de la toma del Palacio de Justicia.

En concreto, condenó a Colombia por "las desapariciones forzadas de siete empleados de la cafetería del Palacio de Justicia, de dos visitantes y de una guerrillera del M-19", así como por la desaparición forzada y posterior ejecución extrajudicial del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán Rojas.

También apuntó a "las detenciones arbitrarias e ilegales y torturas o tratos crueles y degradantes sufridos, respectivamente, por Yolanda Santodomingo Albericci, Eduardo Matson Ospino, Orlando Quijano y José Vicente Rubiano Galvis, quienes fueron considerados sospechosos de colaborar con el M-19".

Además, señaló a "la falta de esclarecimiento judicial de los hechos, la violación del derecho a la integridad personal de los familiares de las víctimas, y al incumplimiento del deber de prevención frente al riesgo en el que se encontraban los ocupantes del Palacio de Justicia, que era conocido por el Estado".

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