MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Corea del Sur tiene intención de interrogar la semana que viene a la presidenta del país, Park Geun Hye, sobre el escándalo político que ayer desencadenó una de las mayores protestas de la historia del país, y que implica a la dirigente y a una asesora en una trama de presiones a dos conglomerados empresariales para recaudar fondos a su favor.
Más de un millón de manifestantes ocuparon las calles en protesta contra el escándalo de tráfico de influencias que involucra a Choi Soon Sil, confidente íntima de la presidenta, y dos jefes secretarios presidenciales. A principios de este mes, Choi fue arrestada por cargos de fraude y abuso de poder.
"Lo más probable es que el interrogatorio tenga lugar a finales de esta semana. Si el interrogatorio se aplaza, que también puede ser, primero habría que presentar un escrito de acusación formal contra Choi", ha explicado un encargado de la Oficina de la Fiscalía del Distrito Central de Seúl a la agencia oficial de noticias surcoreana, Yonhap.
Junto a la presidenta, también serán citados varios magnates del país Corea del Sur, incluido el presidente del Grupo Hyundai Motor, Chung Mong Koo, y el vicepresidente de Samsung Electronics, Lee Jae Yong, para ser interrogados sobre las donaciones de fondos de sus compañías a dos fundaciones sin ánimo de lucro controladas por Choi.
La intención es la de averiguar cómo fueron organizadas sus reuniones bilaterales con la presidenta tras una reunión colectiva con Park mantenida el 24 de julio del año pasado en la oficina presidencial y conocer qué se discutió en las reuniones.
Durante dicha reunión, Park pidió a 17 líderes de los poderosos 'chaebol' -- los conglomerados empresariales surcoreanos -- que extendieran su apoyo a la creación de dos fundaciones: Mir y K-Sports, supuestamente destinadas a promover la llamada 'hallyu', la 'ola cultural' coreana abanderada por géneros musicales como el 'k-pop'.
A pesar de dos disculpas ante el pueblo por parte de Park, su índice de aprobación cayó a un mínimo histórico del 5 por ciento, según la compañía local de sondeos Gallup Korea. La Constitución de Corea del Sur no permite procesar a un presidente en ejercicio, pero algunos funcionarios de alto rango han señalado que es admisible un interrogatorio como parte de una investigación más amplia.
