MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -
Las fuerzas progubernamentales kurdas han tomado represalias contra la población suní en la ciudad iraquí de Kirkuk, a la que acusa de haber participado en los ataques llevados a cabo el 21 de octubre por el grupo terrorista Estado Islámico, según ha denunciado Amnistía Internacional (AI), que ha alertado de que cientos de personas se han visto obligadas a desplazarse después de que los peshmerga (fuerzas de seguridad del Kurdistán iraquí) destruyeran sus viviendas.
Según el informe '¿Adónde se supone que debemos ir? El desplazamiento forzoso y la destrucción en Kirkuk', cientos de residentes de origen árabe han sido expulsados de esta ciudad tras ser acusados de haber ayudado a los milicianos a coordinar los ataques, que se produjeron en ocho puntos diferentes de la urbe.
"Es innegable que las autoridades de Kirkuk tienen ante sí una grave amenaza para la seguridad, pero eso no justifica la demolición de las viviendas de la gente ni el desplazamiento forzoso de la población árabe", ha manifestado la directora adjunta de Investigación de la oficina regional de Amnistía Internacional en Beirut, Lynn Maalouf.
"Muchos de los afectados ya se habían visto obligados a abandonar sus hogares debido a la violencia. Ahora se ven forzados a desplazarse o a quedarse sin casa otra vez", ha añadido Maalouf, que ha señalado que las autoridades confiscaron los documentos de identidad de numerosas personas tras los ataques de Estado Islámico en Kirkuk.
Según Amnistía Internacional, unas 250 familias se han visto afectadas y han tenido que trasladarse a otras gobernaciones, así como a campos de desplazados. "Desalojar y desplazar a la fuerza a la población suní de Kirkuk es ilegítimo y cruel. Las autoridades deben poner fin de inmediato a la destrucción ilegítima de bienes civiles, así como al desplazamiento forzado", ha señalado Maalouf.
"La destrucción premeditada sin pretexto militar alguno es un crimen de guerra. Ordenar el desplazamiento de civiles, a menos que sea necesario por su propia seguridad o por motivos de necesidad militar imperiosa, también es un crimen de guerra", ha aseverado.
DESPLAZAMIENTO FORZOSO
Muhayman, un residente de un distrito del suroeste de Kirkuk, se ha visto obligado a desplazarse en dos ocasiones. Según ha informado a Amnistía Internacional, varios miembros de las fuerzas kurdas ordenaron a los habitantes del barrio de Wahed Huzairan a abandonar la zona.
"Los peshmerga me expulsaron de mi propio pueblo, así que construí una casa aquí. Ahora nos hemos vuelto a quedar sin hogar y nos hemos trasladado todos al de mi hermano. ¿Adónde pretenden que vayamos?", ha indicado Muhayman, que ha afirmado que el barrio fue arrasado por completo.
Según varios testigos, las fuerzas de seguridad, que derribaron y destruyeron las viviendas a altas horas de la noche, acusaron a los residentes de haber colaborado con Estado Islámico en el desarrollo de los ataques.
Por otra parte, el gobernador de Kirkuk se ha comprometido públicamente a no forzar el desplazamiento de los civiles a aquellas zonas que se encuentren bajo el control de los milicianos. "En lugar de incumplir el derecho internacional al sacar a la población civil de sus hogares, las autoridades iraquíes y kurdas deberían ofrecer protección a las personas que se han visto desplazadas por los enfrentamientos", ha manifestado Maalouf.
"También deberían facilitar el retorno seguro y voluntario de quienes deseen regresar a casa", ha añadido. La ciudad de Kirkuk se encuentra bajo control del Gobierno Regional del Kurdistán desde que la fuerzas gubernamentales iraquíes se retiraron en junio de 2014 del norte del país ante el avance del grupo terrorista.
