MANAMA, 2 Mar. (Reuters/EP) -
El Gobierno de Bahréin ha pedido al investigador sobre Actos de Tortura de Naciones Unidas que retrase su viaje al país y ha impuesto nuevas restricciones a las ONG que han pedido entrar al emirato para monitorizar las reformas propuestas y las acciones de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes pro democráticos, según han informado la ONU y varias ONG este jueves.
La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra ha apuntado que Bahréin ha solicitado formalmente que se posponga el viaje del enviado especial de la organización internacional para Actos de Tortura, Juan Méndez, prevista entre el 8 y el 17 de marzo.
Méndez expresará su queja a los representantes bahreiníes la semana que viene durante un encuentro por esta decisión "de último minuto", ha asegurado el portavoz de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH), Xabier Celaya. Asimismo, intentará acordar nuevas fechas, ya que sigue comprometido con llevar a cabo esta importante visita", ha agregado Celaya.
"Bahréin ha argumentado que está aplicando grandes reformas y que dará importantes pasos, críticos para el mandato del enviado, de cara a su llegada, para que pueda ver los progresos que el Gobierno ha hecho hasta la fecha", ha dicho Celaya.
El emirato, aliado de Estados Unidos y las monarquías del Golfo, ha reprimido violentamente durante el último año las protestas pro democráticas en el territorio. Manama ha impuesto la ley marcial y ha pedido la entrada de tropas saudíes y emiratíes para controlar las protestas y aplastar las manifestaciones.
La ministra de Desarrollo Social, Fatima al Balushi, ha dicho ante el OACDH que se han aprendido lecciones del levantamiento. "Se cometieron errores, algunos muy graves. Creemos que estamos en el buen camino", ha apuntado.
La oposición ha denunciado las medidas violentas utilizadas por las fuerzas de seguridad y ha afirmado que han fallecido más de 60 personas desde el inicio de las protestas, la mayoría de ellas por gases lacrimógenos y atropellos de vehículos policiales.
A las críticas expresadas por múltiples ONG sobre las prácticas represivas del Ejecutivo bahreiní se unió el martes el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) que denunció la "brutal y polifacética represión" contra los medios de comunicación independientes que están cubriendo las protestas pro democráticas en el país, que se iniciaron el 14 de febrero de 2011.
En este sentido, aseguró que las fuerzas de seguridad "han sometido a los periodistas a asaltos, expulsiones, detenciones, juicios politizados, penas de prisión y malos tratos con consecuencias letales cuando se encontraban bajo custodia".
RESTRICCIONES A LAS ONG
El Ejecutivo bahreiní comunicó en enero a varias organizaciones de Derechos Humanos que debían retrasar sus viajes al país hasta después del 22 de febrero, fecha que el Gobierno se había puesto como límite para la implementación de las reformas políticas, judiciales, educativas y de los medios de información propuestas en respuesta a las peticiones de la sociedad.
Sin embargo, Manama ha señalado este jueves que necesitará otros 20 días para aplicar las recomendaciones de la Comisión Independiente de Investigación de Bahréin (BICI), emitidas en noviembre. La oposición denunció esta propuesta de diálogo nacional, representada mayoritariamente por miembros del Ejecutivo, al considerar que sus propuestas estaban manipuladas y no representaban las peticiones de la población.
Pese a la denuncia de este sesgo, la BICI informó sobre "torturas sistemáticas" contra ciudadanos chiíes para conseguir confesiones y su uso en tribunales militares. Las protestas han estado encabezadas por la población chií (mayoritaria en el país, que está encabezado por la familia Al Jalifa, de tendencia suní), aunque grandes sectores de la comunidad suní solicitaron también una mayor apertura democrática.
NORMAS PARA LOS VISADOS
Tres organizaciones de Derechos Humanos, entre ellas Human Rights Watch (HRW), han sido informadas por el Ministerio de Desarrollo Social que se han impuesto nuevas normas sobre los viajes al país, que ahora tendrán que ser acordados a través de un representante bahreiní.
El director del programa Defensores de los Derechos Humanos de la ONG Human Rights Watch, Brian Dooley, ha afirmado que hizo tres viajes al país durante el último año sin estas restricciones.
"Tras el informe de la BICI se suponía que el Gobierno mejoraría la situación de los Derechos Humanos en el país, pero limitar el acceso de las ONG es un paso atrás", ha agregado. HRW ha asegurado que había planeado un viaje de tres semanas en marzo y Amnistía Internacional ha expresado su deseo de enviar otro equipo.
Las nuevas normas han sido anunciadas por el Ministerio de Interior después de la expulsión de doce activistas extranjeros que participaron en las protestas que se convocaron el 14 de febrero para conmemorar el aniversario del inicio de las protestas.
Los doce activistas, que entraron al país con visados de turista, fueron deportados. El Ejecutivo bahreiní ha rechazado también los visados a múltiples medios de comunicación argumentando que ha recibido muchas solicitudes.
(EUROPA PRESS INTERNACIONAL)
