RANGÚN, 2 Feb. (Reuters/EP) -
El Gobierno de Birmania ha desmentido este viernes que se hayan localizado nuevas fosas comunes en el estado de Rajine, escenario de una contundente represión militar que se saldó en los cinco meses con la huida de más de 680.000 miembros de la minoría rohingya a Bangladesh.
La agencia AP había informado de la existencia de cinco fosas que no habían sido detectadas en la localidad de Gu Dar Pyin, después de hablar con supervivientes de los campos de refugiados y de analizar vídeos captados con teléfonos móviles.
La Comisión de Información gubernamental, que depende en última instancia de Aung San Suu Kyi, ha asegurado en un comunicado que autoridades locales y fuerzas de seguridad han investigado sobre el terreno los lugares aludidos en el reportaje y "han descubierto que no es verdad".
"Además, se reunieron con líderes locales y vecinos y les preguntaros si se habían producido asesinatos masivos y dijeron que no había habido ninguno", ha afirmado la Comisión a través de un mensaje en Twitter.
Las autoridades birmanas han apuntado, en cambio, que 19 "terroristas" fueron abatidos tras un ataque contra las fuerzas de seguridad cometido en agosto en Gu Dar Pyin y han añadido que los cuerpos de estos milicianos fueron "enterrados adecuadamente".
Dos rohingya que residen aún en esta zona y que han hablado con Reuters han secundado la versión de AP y han asegurado que sí hay fosas comunes por desenterrar. Estas fuentes, con las que Reuters contactó por teléfono a través de refugiados en los campamentos bangladeshíes, han confirmado que altos mandos militares han visitado el área este viernes.
Los oficiales preguntaron cuántas personas habían fallecido víctimas de la violencia, quién había quemado las casas y si había fosas comunes. "Los lugareños estaban asustados y dijeron que no sabían cuántos habían muerto o quién había quemado sus casas pero afirmaron que sí, que había fosas comunes", ha declarado una de las fuentes.
La zona, situada en el norte del estado de Rajine, está vetada para los periodistas por decisión del Gobierno, que ha tratado de justificar durante estos meses la violenta represión con la que respondió a una serie de ataques insurgentes perpetrados el 25 de agosto.
