El Gobierno contraataca en el Supremo para anular el proceso de 'impeachment' contra Rousseff

La presidenta de Brasil,  Dilma Rousseff
REUTERS
Actualizado 10/05/2016 21:31:40 CET

BRASILIA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha presentado este martes un escrito en el Tribunal Supremo para denunciar la supuesta existencia de "vicios" en el proceso de 'impeachment' lanzado contra la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, en el Congreso que lo invalidarían.

El Abogado General de la Unión (AGU), José Eduardo Cardozo, que lleva la defensa legal de Rousseff, ha solicitado al Supremo que suspenda el juicio político por el presunto "desvío de poder" de Eduardo Cunha, el presidente de la Cámara de Diputados que inició el proceso.

El principal argumento de Cardozo es el fallo emitido la semana pasada por el Supremo para cesar a Cunha por impulsar la aprobación de determinada legislación a cambio de favores políticos e incluso dinero. El abogado sostiene que estos tratos podrían incluir el 'impeachment'.

Cardozo ha recordado que, según la resolución del máximo órgano jurisdiccional de Brasil, Cunha "se valió de su condición de presidente de la Cámara de Diputados para, en un continuo desvío de poder, atender sus propios intereses".

Para el AGU es evidente que la decisión de Cunha de aceptar la denuncia contra Rousseff por irregularidades contables es una "venganza" política por la negativa de la base aliada del Gobierno en el Congreso a frenar la investigación en su contra en el Consejo de Ética.

No es la primera vez que la decisión de Cunha de abrir un 'impeachment' llega al Supremo. En diciembre el alto tribunal desechó una denuncia por parcialidad contra el ex presidente de la cámara baja alegando que esta característica no es exigible a políticos.

Este es el último intento del Gobierno de frenar el 'impeachment' antes de que el pleno del Senado vote este miércoles. Si al menos 41 de los 81 senadores apoyan el proceso, Rousseff será destituida temporalmente.

Tras una investigación de un máximo de 180 días, se celebraría un juicio político en el Senado dirigido por el presidente del Tribunal Supremo. Si dos tercios de los senadores (54), habiendo un quórum de 42, respaldan la destitución, ésta será definitiva.

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