SEÚL, 27 Jun. (Reuters/EP) -
Las organizaciones que defienden los Derechos Humanos en Corea del Norte y que ayudan a los desertores norcoreanos se han visto abocadas a recortar puestos de trabajo y a reducir sus programas por falta de fondos, en un momento clave en el aspecto político por el reciente acercamiento de Seúl y Washington a Pyongyang.
"Ahora que Corea del Sur y Corea del Norte han promovido este sentimiento por la paz, los desertores y los grupos de activistas nos sentimos excluidos", ha afirmado la responsable de la Coalición para los Refugiados Norcoreanos, Kim Tae Hae, que también huyó en su día del régimen comunista que ahora lidera Kim Jong Un.
El Gobierno surcoreano cerró recientemente la oficina de una fundación de Derechos Humanos y representantes de varias ONG han reconocido a la agencia Reuters que tienen problemas para recaudar todo el dinero que necesitan. "Siento que hay una mano invisible trabajando", ha advertido Kim Tae Hae para cuestionar la labor actual de las autoridades.
El Ministerio de Unificación de Corea del Sur, sin embargo, mantiene que su postura no ha variado y "seguirá luchando para proteger las libertades civiles y los derechos sociales del pueblo norcoreano". En este sentido, un portavoz ha subrayado los trabajos que se llevan a cabo para ayudar a los desertores que han cruzado la frontera.
En términos de lenguaje político, sí parece que ha habido cambios y el Gobierno del presidente surcoreano, Moon Jae In, ha aparcado las críticas frontales contra Corea del Norte en aras del acercamiento. Asesores del presidente han admitido que una oposición frontal a Pyongyang podría ser ahora perjudicial para los intereses de los propios ciudadanos norcoreanos, principales damnificados del aislamiento de su régimen.
Los investigadores de Naciones Unidas han denunciado todo tipo de abusos en Corea del Norte, donde entre 80.000 y 120.000 personas estarían recluidas en campos para presos políticos. También han alertado de ejecuciones y de una situación de grave inseguridad alimentaria, si bien cualquier tipo de estadística choca con el férreo control de la información.
El Gobierno surcoreano cerró en diciembre el grifo de la financiación para la Asociación de Desertores Norcoreanos, tras 20 años de ayuda. La organización se ha visto abocada a suspender la mayoría de sus programas, trasladarse a una oficina más pequeña y prescindir de parte de sus trabajadores.
"Solo dos personas trabajan ahora aquí", ha afirmado el secretario general, Seo Jae Pyoung. "Llevamos desde principios de año trabajando sin cobrar", ha añadido, para evidenciar la delicada situación financiera que atraviesa su organización.
Seo también ha apuntado que ciudadanos surcoreanos les han pedido explícitamente que dejen de arrojar panfletos propagandísticos a territorio norcoreano, ya que entienden que podría perjudicar a la mejora de las relaciones políticas entre los dos países vecinos.
La situación es similar en el caso de la Coalición Internacional para Frenar los Crímenes contra la Humanidad en Corea del Norte, asociada a ONG internacionales como Human Rights Watch y Freedom House y cuyo secretario general, Kwon Eun Kyoung, también percibe cierta "ambivalencia" en el Gobierno de Corea del Sur o incluso entre los medios, "que evitan hablar de los Derechos Humanos en Corea del Norte".
La subdirectora de la Alianza de Ciudadanos para los Derechos Humanos en Corea del Norte, Joanna Hosaniak, ha confirmado que las donaciones empresariales para su organización también han caído en el último año a medida que el clima político ha ido mejorando.
COMPROMISOS PARALIZADOS
Poco después del encuentro del 12 de junio entre Kim Jong Un y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, las autoridades surcoreanas anunciaron que dejarían de dar fondos públicos a la oficina de una nueva organización que lleva por nombre Fundación para los Derechos Humanos en Corea del Norte.
La fundación fue creada en 2016 siguiendo los parámetros de una ley sobre Derechos Humanos que favorecía el surgimiento de este tipo de organizaciones, pero no ha llegado a estar plenamente operativa. Aunque el Ministerio de Unificación alega que los compromisos siguen en pie, ya hay quien piensa que ahora todo es diferente.
Sin esta fundación, sería complicado llevar a cabo otros aspectos de la ley como la financiación de proyectos específicos, según el jefe de Abogados por los Derechos Humanos y la Unificación de Corea, Kim Tae Hoon. "Era una de las piedras angulares de la ley de Derechos Humanos en Corea del Norte", ha agregado.
Los medios estatales norcoreanos han reclamado recientemente a Seúl la derogación de dicha ley y la eliminación de la fundación, toda vez que estima que "solo sirve para causar daño frente a las actuales tendencias en las relaciones entre el Norte y el Sur".
Por otra parte, el puesto de embajador para los Derechos Humanos en Corea del Norte lleva vacante casi diez meses. El académico Lee Jung Hoon, que ocupó este puesto hasta septiembre de 2017, ha defendido su importancia para estrechar la colaboración entre activistas y expertos.
"Nadie está en contra del diálogo con Corea del Norte (...), pero espero que también haya discusiones al margen de asuntos nucleares y de seguridad. Los Derechos Humanos son un componente muy importante para lograr una paz real en la península de Corea", ha avisado Lee.
