MANILA, 17 Ago. (Reuters/EP) -
Al menos 60 personas han muerto en las redadas que la Policía filipina ha llevado a cabo en los últimos tres días en Manila y otras ciudades, como parte de la campaña antidroga puesta en marcha el año pasado por el Gobierno de Rodrigo Duterte, ampliamente criticada por la comunidad internacional.
El operativo policial comenzó el lunes por la noche en la provincia de Bulacán, al norte de Manila, con el objetivo de desarticular las redes locales de narcotráfico. En las primeras 24 horas, arrojó un saldo de 32 muertos, lo que lo convirtió en la jornada más sangrienta de la guerra contra las drogas.
"Hemos realizado grandes operativos de una sola vez en el pasado pero, por el número de víctimas, este ha sido sin duda el más grande de todos", destacó el jefe de la Policía provincial, Romeo Camarat, en declaraciones a los medios de comunicación.
Las fuerzas de seguridad han continuado con el operativo, que este jueves ha alcanzado la capital. Otras 28 personas han muerto, de acuerdo con el portavoz de la Policía de Manila, el coronel Erwin Margarejo.
En estos tres días, en los que se han llevado a cabo hasta 84 registros, los agentes han detenido a 223 sospechosos entre Bulacán y Manila y se han incautado de armas y municiones.
El presidente filipino ya alabó el martes la eficacia de la Policía. "Hoy, 32 (narcotraficantes) han muerto en una redada masiva en Bulacán, eso es bueno. Habría que matar a otros 32 cada día, quizá así podríamos reducir el lastre de este país", sentenció.
El jefe de la Policía Nacional, Ronald de la Rosa, ha aclarado este jueves que Duterte no le ha ordenado "matar y matar". "Pero sus instrucciones son muy claras: la guerra contra las drogas debe ser implacable", ha subrayado. De la Rosa ha aclarado que todos los fallecidos opusieron resistencia.
La vicepresidenta, Leni Robredo, que pertenece a un partido opositor, ha criticado una vez más la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad. "Es algo atroz", ha dicho. "Nosotros no somos así. Hemos condenado durante mucho tiempo la cultura de la impunidad, no volvamos a ella", ha instado.
En la misma línea, el presidente de la Comisión Filipina de Derechos Humanos, Chito Gascon, ha considerado que los comentarios de Duterte "hacen que la Policía saque lo peor de sí misma". "Los policías prácticamente son libres de hacer lo que quieran porque tienen garantizado que no se les investigará", ha lamentado.
Duterte, que llegó al poder el 30 de junio de 2016, ha fijado la lucha contra las drogas como su prioridad. En este año, unas 9.000 personas han muerto a manos de las fuerzas de seguridad por la guerra contra el 'narco'. Organizaciones de defensa de los Derechos Humanos sospechan que se habrían cometido numerosas ejecuciones extrajudiciales.
La violencia ejercida por las fuerzas filipinas ha llevado a la oposición a denunciar a Duterte ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) por crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, el jefe de Estado se ha mostrado dispuesto a ir a la cárcel "para proteger a los filipinos".
