MANILA, 22 Ago. (Reuters/EP) -
Alrededor de 1.800 personas han muerto en Filipinas a causa de la guerra contra el narcotráfico impulsada por el presidente, Rodrigo Duterte, hace siete semanas y que ha llegado mucho más lejos de lo que el mandatario esperaba en un principio.
El jefe de la Policía Nacional de Filipinas, Ronald Dela Rosa, ha asegurado este lunes ante el Senado que 712 presuntos traficantes y consumidores de droga han muerto desde el 1 de julio en diversas operaciones policiales.
La Policía además está investigando otras 1.067 muertes que están relacionadas con la droga, según ha añadido Dela Rosa, que no ha dado más detalles al respecto. Estas afirmaciones llegan un día después de que Duterte arremetiera contra la ONU por criticar la oleada de muertes.
El domingo por la noche, Duterte apareció en una rueda de prensa asegurando que Filipinas podría abandonar la ONU y proponer a otros países como China formar un nuevo foro global, acusando a la organización internacinal de no cumplir sus objetivos iniciales.
A pesar de las declaraciones, el ministro de Exteriores, Perfecto Yasay, ha aclarado este lunes que Filipinas seguirá siendo parte de la ONU y ha calificado los comentarios del presidente de resultado de una "profunda decepción y frustración".
La semana pasada, dos expertos en Derechos Humanos de la ONU urgieron a Manila a que detuviera las ejecuciones extrajudiciales. Yasay ha defendido que Duterte ha prometido atenerse a los Derechos Humanos en su guerra contra el narcotráfico y ha ordenado a la Policía investigar las muertes.
Duterte ha criticado a los enviados de la ONU por "haber llegado a la conclusión arbitraria" de que han violado los derechos fundamentales. "Demuestra una irresponsabilidad al apoyarse en esas alegaciones que están basadas en información que proviene de fuentes sin nombre y sin fundamento", ha añadido.
La senadora Lila de Lima, una de las más críticas con el presidente, ha iniciado este lunes una interpelación de dos días en el Congreso para pedir explicaciones sobre la actuación de las autoridades que combaten el narcotráfico y sobre el aumento "sin precedentes" de las muertes.
"Mi preocupación no solo se debe al aumento de las muertes que informa la Policía. Lo que me preocupa particularmente es que la campaña contra las drogas parece servir de excusa para algunos agentes de la ley y otros justicieros para que puedan llevar a cabo asesinatos con impunidad", ha declarado De Lima.
Por su parte, Estados Unidos, un aliado de Filipinas, ha expresado su preocupación sobre los "informes de muertes extrajudiciales de individuos que se sospecha han estado relacionados con delitos de narcotráfico" y ha urgido al Gobierno de Duterte a asegurarse de que las fuerzas de seguridad respetan los Derechos Humanos.
