Denuncia que el Estado debería haber protegido a la activista y no lo hizo
MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -
La activista hondureña Berta Zúñiga Cáceres ha recalcado este viernes la necesidad de que una comisión independiente investigue el asesinato de su madre, la líder indígena y activista Berta Cáceres, así como el de otros cuatro miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), que luchaban contra los diversos proyectos extraccionistas concedidos por el Gobierno de Juan Orlando Hernández en los últimos siete años.
"Desde el principio pensamos que no podía haber un proceso de investigación objetivo y transparente al haber intereses por parte de instancias estatales en el proyecto. Consideramos que una comisión independiente de investigación rectorada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es la única opción para realmente saber no sólo quiénes son los autores intelectuales del asesinato sino también los responsables", ha aseverado Berta Zúñiga en una rueda de prensa en Madrid.
La presencia de la activista en la capital española forma parte de la Gira Internacional por la Justicia para Berta Cáceres Flores, con la que busca, junto a la representante del COPINH, Rosalinda Domínguez, no solo que el Gobierno de Honduras muestre voluntad política para cambiar la situación de los indígenas sino también dar visibilidad a la "impunidad total y la nula independencia que presenta el Estado hondureño".
Desde el golpe de Estado que tuvo lugar en el país centroamericano en 2009 se han llevado a cabo 240 concesiones, lo que supone unos 850 proyectos para la explotación minera e hidroeléctrica del subsuelo hondureño como parte de una actividad que afecta fundamentalmente a los territorios indígenas lenca. Entre 2010 y 2013 se aprobó el proyecto hidroeléctrico Aguas Zarca de la empresa hondureña Desarrollos Energéticos (DESA), que subcontrató en 2012 a la empresa estatal china Sinohydro y que continúa con el proyecto a pesar de que Cáceres fuera asesinada en marzo.
EL ESTADO DEBÍA PROTEGERLA
"Somos conscientes de la participación de DESA en el asesinato de mi mami, pues ella había presentado denuncias ante las amenazas, que eran sistemáticas tanto hacia su persona como hacia otros miembros del COPINH. El Estado, además, tenía la responsabilidad de protegerla y no lo hizo", ha manifestado Berta Zúñiga, que quiere además poner el punto de mira sobre las continuas violaciones de los Derechos Humanos que se producen en el país.
El proyecto, financiado inicialmente por el Banco Mundial, ha contado con capital de la Compañía Financiera Holandesa para el Desarrollo (FMO) y el fondo de inversiones finlandés Finnfund, una financiación que los miembros del COPINH creían finalizada tras la muerte de Berta Cáceres.
"Pensamos que el asesinato de mi mami dejaba comprometida la financiación. Ella ya había avisado de que el proyecto violaba los Derechos Humanos, pero ellos no se reunieron con ninguno de nosotros y no ha habido cambios en este sentido", ha comentado Berta Zúñiga.
La continuidad del proyecto, que pone en peligro a la comunidad de Río Blanco, supone un ejemplo de la situación de los Derechos Humanos en la región del norte del país, donde cuatro personas, entre las que se encontraban tres militares y un jefe de DESA, han sido detenidas por el asesinato de la activista, ha explicado.
"Mi familia se enteró de las detenciones a través de los medios de comunicación. Que haya gente relacionada con el Gobierno entre los arrestados solo confirma lo que ya sabíamos, pero creemos que hay más gente involucrada. Es urgente una comisión independiente para descubrir la profundidad de la autoría", ha zanjado.
