MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -
Las ONG Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI) han celebrado la decisión que ha adoptado este jueves la fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Fatou Bensouda, de abrir un examen preliminar a Filipinas por considerar que la guerra contra las drogas del presidente, Rodrigo Duterte, podría haber incluido ejecuciones extrajudiciales que constituirían crímenes de lesa humanidad.
"El anuncio de hoy marca un momento crucial para la Justicia y para la rendición de cuentas en Filipinas y ofrece una luz de esperanza a las víctimas de estas impactantes atrocidades cometidas en nombre del Gobierno en la llamada guerra contra las drogas", ha dicho el director de AI para el Sureste Asiático, James Gomez.
Gomez, en un paso más, ha estimado que se trata de "una advertencia a los líderes en todo el mundo de que aquellos que ordenen o inciten la comisión de crímenes contra la Humanidad, incluido el asesinato, no podrán escapar y serán investigados bajo el Derecho Internacional".
HRW ha destacado que es un "varapalo" para la "campaña de negación y de distracción del Gobierno aparentemente destinada a desviar la atención de las crecientes evidencias sobre las ejecuciones extrajudiciales que Duterte y los altos cargos de su Gobierno han incitado e instigado".
Además, HRW ha animado a los países miembro de la ONU a aumentar sus esfuerzos contra la "sangrienta guerra contra las drogas" de Duterte para aumentar la presión sobre su Gobierno, frenar estas muertes y garantizar que sus responsables rinden cuentas.
Bensouda ha anunciado este jueves que la Fiscalía del TPI, que sigue el caso de Filipinas desde 2016, finalmente ha abierto un examen preliminar por "los crímenes presuntamente cometidos desde al menos el 1 de julio de 2016", cuando comenzó el mandato de Duterte, "en el contexto de la 'guerra contra las drogas' lanzada por el Gobierno".
Según las denuncias recogidas por el TPI, "miles de personas han sido abatidas por razones relacionadas con su presunta implicación en el presunto uso ilegal o tráfico de drogas". "Aunque algunas de estas muertes han ocurrido presuntamente en el contexto de enfrentamientos entre o dentro de bandas, se ha denunciado que muchos de los incidentes implicaron ejecuciones extrajudiciales en el curso de operaciones policiales antidroga", ha indicado.
El portavoz de Duterte, Harry Roque, ha avanzado que será "una pérdida de tiempo" porque, según ha afirmado, la ofensiva contra las drogas es legal, y ha subrayado que el presidente "está cansado de ser acusado de crímenes contra la Humanidad".
El presidente filipino ha desafiado en numerosas ocasiones al TPI y ha insistido que está dispuesto a entrar en prisión y pudrirse en una celda para salvar a los filipinos del crimen y el narcotráfico. Asimismo, ha amenazado con retirar al país del TPI y ha acusado a los abogados en Europa de "corruptos" y "estúpidos".
