HRW alerta del peligro que supone la petición del Gobierno de Filipinas de declarar terroristas a 600 personas

Rodrigo Duterte
ERIK DE CASTRO - Archivo
Publicado 09/03/2018 6:18:41CET

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ONG Human Rights Watch (HRW) ha alertado este jueves del peligro que supone la petición del Gobierno de Filipinas de declarar terroristas a 600 personas, entre ellas una relatora de Naciones Unidas, y vincularlas al Partido Comunista de Filipinas (CPP) y a su brazo armado, el Nuevo Ejército del Pueblo (NPA).

En este sentido, la organización ha indicado que la solicitud de 55 páginas presentada por el Ministerio de Justicia filipino ante un tribunal de Manila, la capital del país, incluye nombres de importantes líderes comunistas como José María Sison, que fundó el CPP en 1969, así como el de la relatora especial de la ONU para los derechos de los indígenas, Victoria Tauli Corpuz.

La relatora, una ciudadana filipina conocida por defender los derechos de las poblaciones indígenas en Filipinas, ha rechazado tales acusaciones y ha asegurado que carecen de fundamento y "son maliciosas e irresponsables".

El documento presentado por el Ministerio de Justicia parece responder al anuncio realizado por el presidente del país, Rodrigo Duterte, sobre el CPP y el NPA, a los que ha designado como grupos terroristas --lo que llevó al final de las negociaciones de paz entre las partes--.

Duterte indicó en enero que "iría a por los fuertes legales" de izquierda que apoyan al NPA. Las acusaciones contra la relatora de la ONU buscan socavar las medidas tomadas para impulsar la lucha contra la impunidad en casos de violación de los Derechos Humanos en el país.

Además de Tauli Corpuz, Duterte ha amenazado con dañar y desacreditar a la relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard, que busca investigar la guerra contra la drogas del dirigente filipino.

Según ha denunciado HRW, las fuerzas de seguridad de Filipinas tienen un amplio historial de ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo contra presuntos miembros o seguidores del NPA. Por ello, la ONG ha solicitado a la Administración de Duterte que rechace la petición públicamente y garantice la seguridad de aquellos que se encuentran en la lista en cuestión.

La solicitud de las autoridades de Filipinas, de la que Reuters ha podido ver una copia, sugiere que Duterte sigue dispuesto a cumplir su amenaza de acabar con el movimiento comunista. En los meses posteriores a su toma de posesión, en julio de 2016, Duterte ordenó liberar a varios líderes comunistas e incorporó a varios dirigentes progresistas a su Gobierno, para intentar de mostrar su compromiso para buscar una solución definitiva a un conflicto que se ha prolongado durante cinco décadas.

El mandatario decidió abandonar el proceso de paz en noviembre, con el argumento de que el NPA había mantenido sus ataques durante las conversaciones. La solicitud presentada por el Ministerio de Justicia ante un tribunal de Manila sostiene que los rebeldes están "utilizando actos de terror" para sembrar el pánico y derrocar al Gobierno.

Desde entonces, Duterte ha estado cargando contra los rebeldes maoístas casi a diario y ha manifestado que son una amenaza similar a la que representan los grupos terroristas islamistas como Estado Islámico.