MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -
La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) ha criticado este jueves la decisión del Consejo de Representantes de Bahréin de enmendar la Constitución para permitir que los tribunales militares juzguen a civiles.
El proyecto de ley tiene que pasar ahora a la cámara alta del Parlamento, tras lo que será enviado al rey, Hamad bin Isa al Jalifa, para su ratificación.
La Constitución del país limita la jurisdicción de los tribunales militares a los delitos o crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad, si bien el proyecto argumenta que "el incremento del terrorismo en la región" y la "flexibilidad" y "rapidez" de los juicios militares justifica la enmienda.
"Los tribunales de Bahréin, tanto civiles como militares, han sido parte de una maquinaria de represión que supone una burla de los estándares de un juicio justo cuando se trata de la disidencia política", ha valorado el subdirector de HRW para Oriente Próximo, Joe Stork.
"Acelerar y flexibilizar el sistema judicial de Bahréin, que ya es muy injusto, es el camino equivocado", ha recalcado.
La última vez que tribunales militares juzgaron a civiles en el país fue tras las protestas prodemocráticas de 2011, cuando cerca de 300 personas fueron condenadas por crímenes políticos.
La decisión del Consejo de Representantes fue adoptada en un momento en el que las autoridades del país han recrudecido su campaña de represión contra la oposición.
El Gobierno anunció el mes pasado la restauración de la autoridad para llevar a cabo detenciones de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), dando marcha atrás en una de las recomendaciones de la Comisión de Investigación Independiente de Bahréin (BICI) que había aplicado tras las protestas prodemocráticas iniciadas en 2011.
La decisión anuló un decreto aprobado en 2011 que quitó estos poderes a la NSA tras una investigación sobre los abusos cometidos por el organismo contra manifestantes y detenidos.
A pesar de que el nuevo decreto sólo dio los poderes de detención en casos de terrorismo, las autoridades han usado esta legislación, de definición inexacta, contra activistas, periodistas y manifestantes, por lo que varias ONG ya han expresado su temor acerca de su posible uso.
La BICI, establecida para investigar las violaciones de Derechos Humanos entre febrero y junio de 2011, confirmó que durante ese periodo la NSA había torturado a manifestantes, lo que habría causado al menos una muerte.
Bahréin, aliado de Estados Unidos y las monarquías del Golfo, ha reprimido violentamente las protestas prodemocráticas de 2011. En dicho contexto, impuso la Ley de Seguridad Nacional en marzo de 2011, lo que conllevó la entrada de tropas saudíes y emiratíes en el país para aplastar las protestas.
La oposición ha denunciado en reiteradas ocasiones las medidas violentas utilizadas por las fuerzas de seguridad y ha afirmado que han fallecido más de 80 personas desde el inicio de las protestas, la mayoría de ellas por inhalación de gases lacrimógenos y atropellos de vehículos policiales.
Desde el inicio de las manifestaciones, cientos de personas han sido condenadas a penas de cárcel por su presunta pertenencia a organizaciones terroristas, así como por participar en manifestaciones o disturbios.
