MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -
La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) ha criticado este viernes el cierre de ocho cadenas de televisión en Turquía, afirmando que, de esta forma, "se acaba con las informaciones críticas" en el país.
Las autoridades han ordenado recientemente el cierre de una veintena de canales de radio y televisión --entre ellas IMC TV, Hayatin Sesi TV y Özgür Radyo--, incluida una que emitía únicamente programación infantil en kurdo, por estar presuntamente difundiendo "propaganda terrorista".
"Los temores de que el Gobierno haría un uso oportunista del estado de emergencia para silenciar a críticos que no tienen nada que ver con el intento de golpe de Estado del 15 de julio se han convertido en una realidad", ha dicho la directora de la ONG para Turquía, Emma Sinclair-Webb.
"El cierre esta semana de cadenas y emisoras populares entre las minorías kurda y aleví y seguidores de los partidos opositores devuelven a Turquía a los días en los que el Gobierno no quería otras versiones que las suyas en la radio y la televisión", ha valorado.
Así, Sinclair-Webb ha recalcado que IMC TV "es la cadena más importante de las que han sido cerrada, y ha cumplido un papel importante en la cobertura de la reactivación del conflicto (kurdo) en el sureste y el deterioro de los Derechos Humanos en Turquía en general".
"El cierre de medios de comunicación supone censura y deja al público sin acceso a la información sobre unos acontecimientos de gran importancia en Turquía que tienen derecho a conocer", ha remachado.
IMC TV, que fue fundada en 2011, ya se ha enfrentado en otras ocasiones a este tipo de medidas. En febrero, la señal de satélite de la cadena fue interrumpida en el marco de una investigación llevada a cabo por la Fiscalía para discernir si la empresa apoyaba o no al PKK.
Según la plataforma 'Turkey Purge', creada tras la asonada, hasta el momento el Gobierno turco ha ordenado el cierre de 180 medios de comunicación.
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha destacado en reiteradas ocasiones que la situación de emergencia en el país permite a las autoridades eliminar a los golpistas y limpiar las instituciones.
Después de la intentona golpista, unas 100.000 personas, entre ellos militares, policías y jueces, han sido suspendidos, y unas 32.000 han resultado detenidas por estar presuntamente relacionadas con los golpistas.
