ESTAMBUL, 25 Oct. (Reuters/EP) -
Las fuerzas de seguridad de Turquía han incurrido en un uso excesivo de la fuerza en el marco de unas operaciones puestas en marcha después de que se produjera el intento de golpe de Estado del 15 de julio, según ha denunciado la ONG Human Rights Watch (HRW), que ha registrado numerosos casos de torturas y abusos.
En un informe, HRW ha señalado que el "clima de terror", que ha permitido la detención de miles de personas en el marco del estado de emergencia declarado por el Gobierno, ha prevalecido desde que tuvo lugar la intentona golpista contra el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.
Después de haberse reunido con abogados, activistas y algunos de los detenidos que ya han sido puestos en libertad, la ONG ha identificado más de una decena de casos en los que las fuerzas de seguridad han golpeado y abusado de los detenidos.
Ankara ha negado en reiteradas ocasiones las acusaciones de tortura y ha indicado que las medidas tomadas tras el intento de golpe de Estado eran necesarias para estabilizar la nación, que se enfrenta al problema kurdo y a las consecuencias de las guerras en Siria e Irak.
El director de HRW para Europa y Asia Central, Hugh Williamson, ha aseverado que "sería trágico que la situación acabase terminando con todos los grandes progresos que Turquía ha hecho para combatir la tortura".
"Al retirar aquellos elementos que se encargaban de supervisar y garantizar que no se produzca tortura alguna, el Gobierno turco ha entregado a las fuerzas de seguridad cheques en blanco para que torturen y maltraten a los detenidos a su antojo", ha añadido Williamson.
A pesar de que Erdogan contribuyó a disminuir el uso de la tortura policial cuando llegó al poder por primera vez, en 2002, el reciente aumento de la violencia entre el Gobierno y los milicianos kurdos en el este del país ha provocado acusaciones por parte de organizaciones de defensa de los Derechos Humanos.
HRW ha alertado de que algunos testigos han informado a miembros de la organización de que las fuerzas de seguridad turcas han utilizado diversos métodos de tortura, incluida la privación del sueño, el abuso sexual y la violencia física.
Según la ONG, entre las personas que han sido víctimas de las torturas mientras se encontraban en las dependencias policiales no se encuentran únicamente los sospechosos de haber participado en la intentona golpista sino también miembros pertenecientes a grupos de la oposición y ciudadanos vinculados a organizaciones kurdas.
OPERACIÓN DEL GOBIERNO
Las autoridades de Turquía han ordenado la detención de más de 35.000 personas y han despedido a unos 100.000 funcionarios por estar presuntamente vinculados al movimiento Hizmet (Servicio) del influyente clérigo Fetulá Gulen, al que el Gobierno turco acusa de haber orquestado el intento de golpe de Estado, que se saldó con unos 240 muertos.
Ankara ha resaltado la necesidad de la operación y la ha justificado haciendo hincapié en la gravedad de lo sucedido en el país el 15 de julio, cuando el Ejército salió a la calle con la intención de hacerse con el poder.
Después de lo sucedido, el presidente declaró el estado de emergencia, que permite al Gobierno suspender los derechos y las libertades de los ciudadanos sin necesidad de obtener la aprobación del Parlamento.
El estado de emergencia ha permitido a las autoridades negar a los detenidos el acceso a un abogado durante cinco días después de su detención y ha facilitado la extensión del periodo de arresto policial de cuatro a 30 días.
