HRW denuncia una posible violación de los DDHH bajo el estado de emergencia en Etiopía

 
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HRW denuncia una posible violación de los DDHH bajo el estado de emergencia en Etiopía

Varios policías observan a un grupo de manifestantes oromo en Bishoftu.
REUTERS
Publicado 31/10/2016 12:42:31CET

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El estado de emergencia de seis meses emitido por el Gobierno de Etiopía a principios de octubre pone en grave peligro la situación de los Derechos Humanos en el país, según ha denunciado este lunes la ONG Human Rights Watch (HRW), que ha instado a las autoridades a revisar la directiva para que ésta no contradiga lo establecido por el Derecho Internacional.

Durante el último año, cientos de personas han muerto a manos de las fuerzas de seguridad en el país, donde han detenido a miles de personas en el marco de una serie de protestas contra las políticas gubernamentales. La orden fue emitida en octubre, después de que un grupo de manifestantes destruyeran varias viviendas y edificios institucionales.

"El estado de emergencia en Etiopía prohíbe prácticamente cualquier discurso que sea contrario al Gobierno", ha indicado el investigador de HRW Feliz Horne, que ha añadido que la situación "vulnera toda disidencia pacífica y aumenta el poder del Ejército para tomar medidas contra las manifestaciones".

Según ha advertido la ONG, la decisión supone la restricción de la libertad de expresión y asociación más allá de lo establecido bajo la jurisdicción internacional, lo que supone que las fuerzas de seguridad pueden poner en marcha tácticas abusivas para impedir que se produzca o extienda cualquier tipo de protesta.

La directiva incluye, además, la restricción de la libertad de información a través de las redes sociales, así como la limitación de la labor de los medios de comunicación. Según ha denunciado HRW, el Gobierno ha prohibido específicamente la difusión de material a través de aquellas plataformas que "puedan crear malentendidos y tendencias rebeldes entre la población".

Las medidas han sido tomadas en todo el país, no únicamente en aquellas regiones afectadas por la situación, según la organización, que ha indicado que muchas de las limitaciones impuestas por el Gobierno quedan "muy lejos de lo permitido según el Derecho Internacional".

Desde que el Gobierno puso en marcha estas medidas, al menos 1.600 personas han sido detenidas, incluidas unas 50 que decidieron cerrar sus negocios. Según HRW, las autoridades han llevado a cabo saqueos, ejecuciones extrajudiciales y arrestos en masa.

BLOQUEO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

El acceso a Internet a través de la telefonía móvil ha sido bloqueado y algunos medios de comunicación se han visto forzados a dejar de publicar su contenido, según ha señalado la ONG, que ha afirmado que las zonas más afectadas del país son las regiones de Oromia y de Amhara.

La Policía etíope ha matado a unas 500 personas en el marco de las protestas que han tenido lugar durante el último año, según ha denunciado HRW. "Muchos de los abusos llevados a cabo por las fuerzas de seguridad desde noviembre del año pasado se encuentran respaldados por el estado de emergencia", ha aseverado Horne.

"Intentar utilizar la cobertura legal que ofrece esa situación como un pretexto para suspender los Derechos Humanos no sólo viola las obligaciones legales del Gobierno a nivel internacional sino que exacerba las tensiones entre los diferentes grupos en el país y podría provocar una verdadera crisis en Etiopía", ha añadido.

Los manifestantes han destacado su preocupación ante el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades, así como ante la situación política y económica del país. Según la ONG, el estado de emergencia implica una militarización de la respuesta ofrecida por el Gobierno ante el aumento de la tensión en el país.

En la localidad de Bishoftu, a 40 kilómetros de Adís Abeba, la capital del país, las fuerzas de seguridad lanzaron gas lacrimógeno para sofocar a una serie de manifestantes que protestaban durante la festividad religiosa anual de Irreecha, la gran ceremonia de los Oromo, el mayor grupo étnico del país. HRW ha exigido en varias ocasiones que se abra una investigación independiente sobre lo sucedido.

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