MADRID, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -
La organización Human Rights Watch (HRW) ha exigido este lunes rendición de cuentas por parte del Gobierno filipino ante los cientos de muertos que se han registrado en operaciones de la Policía Nacional contra presuntos narcotraficantes desde que Rodrigo Duterte accedió al poder, hace unos siete meses.
La propia Policía ha confirmado una impactante cifra de muertos --más de 700-- en la 'guerra contra las drogas' lanzada por el presidente incluso antes de ser elegido. La Policía estima que entre el 1 de julio y el 19 de agosto han muerto unos 712 presuntos usuarios y traficantes de narcóticos.
El subdirector de la división de Asia de HRW, Phelim Kine, ha señalado que estos asesinatos "sugieren que la retórica agresiva de Duterte está abogando por soluciones violentas y extrajudiciales a la criminalidad en el país", una práctica que, denuncia, "ha encontrado una audiencia receptiva".
El mes pasado, Duterte instó a los filipinos que conocieran a cualquier drogadicto a matarlo directamente, provocando que la relatora especial de la ONU en ejecuciones sumarias, Agnes Callamard, acusara al presidente filipino de garantizar, tanto a la policía como a los civiles, una "licencia para matar".
Asimismo, Kine ha denunciado los intentos de Duterte de "aprovechar el impulso" de su campaña contra el narcotráfico, a la que le atribuye un gran éxito, prueba de lo cual es el elevado número de narcotraficantes abatidos.
CRUZADA DE DUTERTE CONTRA EL NARCOTRÁFICO
En la línea con su campaña electoral, centrada en acabar con la delincuencia en el país, una vez elegido Duterte se ha comprometido también a pagar recompensas a la Policía y a militares por cada narcotraficante que consigan abatir. En una rueda de prensa, el mandatario electo dijo que no estaba hablando de matarles, "sino que la orden es 'vivo o muerto'".
El portavoz de la Policía aseguró que no se podía concluir que este incremento en las cifras se deba a estas declaraciones, ni tampoco a las del superintendente de la Policía designado por el presidente, Roland 'Bato' de la Rosa, quien aseguró que tenía preferencia por eliminar a 'señores de la droga' y sospechosos de delitos vinculados al narcotráfico.
Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) ha expresado su preocupación ante el creciente número de delincuentes abatidos, por lo que ha establecido un grupo de trabajo para evaluar las ejecuciones extrajudiciales.
Asimismo, numerosas organizaciones en favor de los Derechos Humanos han criticado esta política del Gobierno de Duterte, acusándola de enfocarse en los pequeños narcotraficantes en lugar de desarrollar una estrategia para acabar con los máximos responsables del tráfico de drogas en el país.
