RANGÚN, 15 Nov. (Reuters/EP) -
La organización Human Rights Watch (HRW) y otros observadores de Derechos Humanos han instado este miércoles al Gobierno de Birmania, que encabeza la líder de facto y premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, a levantar la prohibición de protestas que se ha impuesto en la ciudad de Rangún, la mayor del país, debido a los temores de que la libertad de expresión quede restringida.
El director de HRW en Asia, Brad Adams, ha asegurado que "no existe ninguna razón que legitime imponer una prohibición de las protestas en la mayor ciudad de Birmania".
Esta prohibición fue dictada esta semana por el coronel y ministro de Seguridad y Asuntos Fronterizos de la región de Rangún, Aung Soe Moe --perteneciente a uno de los ministerios que controlan los militares--.
Suu Kyi culminó sus esfuerzos por acabar con la dictadura militar que había gobernado el país durante décadas cuando ganó las elecciones en 2015. Sin embargo, su Gobierno democrático sigue compartiendo el poder con los militares y no dispone de control sobre el Ejército ni la Policía.
Las autoridades han explicado que esta prohibición de las protestas restringe todas las manifestaciones y reuniones en el centro de Rangún con el fin de impedir "el desorden público y la intranquilidad", así como "la interrupción del tráfico".
Esta medida ha sido aprobada semanas antes de la visita prevista del Papa Francisco a Rangún, donde se espera que se dirija a los cientos de miles de personas que han huido desde agosto hacia Bangladesh debido a la violencia que estalló en el estado de Rajine.
Adams ha destacado que esta medida ha sido impuesta por autoridades militares y ha advertido de que "el Gobierno debería entenderla como un reto directo a su compromiso con los derechos fundamentales de los ciudadanos birmanos".
LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, EN RIESGO
El director de HRW también ha asegurado que el Ejecutivo birmano debe "poner fin a esta prohibición y defender el Estado de derecho", así como negarse a aceptar las "acciones arbitrarias de los militares".
La prohibición obliga a las autoridades de once municipios a frenar cualquier intento de reunión o asamblea, aunque no se ha informado acerca del tiempo que estará en vigor esta medida.
Un oficial del Departamento de Administración General del municipio de Ahlone, situado en Rangún y gestionado por los militares, ha contado que su oficina también ha recibido la orden de prohibir las protestas.
Esta norma ha despertado gran preocupación en lo referido a la libertad de expresión después de que varios periodistas y activistas hayan sido detenidos en todo el país.
Hace una semana un tribunal condenó a dos meses de prisión a dos periodistas, su intérprete y el conductor con el que viajaban por haber violado supuestamente una ley de vuelo al grabar imágenes con un dron.
Desde que el Gobierno de Suu Kyi llegó al poder en 2016, unas 93 personas entre las que se incluyen periodistas y activistas han sido detenidas y condenadas a prisión bajo algunas leyes controvertidas que se han utilizado para frenar a las voces críticas con las autoridades.
Suu Kyi ha sido duramente criticada por Occidente por no impedir las atrocidades que el Ejército ha cometido contra la minoría rohingya, algo que Naciones Unidas ha definido como un ejemplo de manual de lo que es una limpieza étnica. El domingo, la Policía detuvo a un monje budista y ultranacionalista al que se acusaba de fomentar el rechazo contra la población rohingya.
