Policía de Filipinas
REUTERS - ROMEO RANOCO
Actualizado: sábado, 29 abril 2017 1:33

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Filipinas deben poner en libertad "inmediatamente" a todos los sospechosos de tráfico de drogas que se encuentran detenidos de forma ilegal en la "cárcel secreta" de una comisaría de Manila, la capital del país, según ha denunciado la ONG Human Rights Watch (HRW), que ha instado al Gobierno a asegurar su protección una vez se encuentren fuera de la prisión.

La organización ha señalado que la Oficina Nacional de Investigación y la Comisión de Derechos Humanos (CHR) de Filipinas deben poner en marcha de forma conjunta una investigación sobre la existencia de prisiones en las comisarías del país y garantizar su cierre definitivo.

Un equipo de la CHR ha hallado este viernes al menos a doce personas encarceladas en una celda oculta tras una librería en una comisaría de Manila. Los detenidos han alertado de las precarias condiciones a las que han sido sometidos después de que la Policía los arrestara por estar presuntamente relacionados con el tráfico de drogas.

Los detenidos han asegurado que han sido torturados por miembros de la Policía y han denunciado que los agentes les han ofrecido sobornos de entre 800 y 4.000 dólares (730 y 3.600 euros) a cambio de ponerlos en libertad.

Las fuerzas de seguridad, por su parte, han señalado que no han cometido ningún tipo de detención ilegal y han manifestado que aún se encuentran inmersos en el proceso de detención de los sospechosos, a los que se han negado a poner en libertad.

"Estas personas han sido detenidas de forma ilegal y deben ser puestas en libertad con las pertinentes libertades garantizadas", ha aseverado el subdirector de HRW para Asia, Phelim Kine. "Las autoridades policiales deben estar al corriente de que la responsabilidad de la seguridad de los arrestados recae sobre ellas", ha añadido.

La Policía Nacional de Filipinas (PNP, por sus siglas en inglés) ha suspendido temporalmente el uso de la comisaría del distrito capitalino de Tondo, así como a doce de sus agentes, después de que la CHR descubriera este viernes la cárcel secreta donde retenían a presuntos narcotraficantes.

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha ordenado al director de la PNP, Ronald dela Rosa, que abra una investigación sobre las presuntas cárceles secretas. Sin embargo, un estudio realizado por la CHR en 2015 sugiere que este tipo de prisiones son comunes en las comisarías del país.

La comisión ha denunciado que los detenidos sufren, en su mayoría, "la privación y violación de sus Derechos Humanos", así como abusos y tortura. Según HRW, la CHR alertó en 2014 de la existencia de instalaciones secretas de detención en la provincia de La Laguna, donde los agentes torturaban a los retenidos.

ABUSO POLICIAL

Los abusos policiales durante las detenciones suponen un tema de gran preocupación en el país, donde la criminalidad policial ha sido relacionada con la 'guerra contra las drogas' puesta en marcha por Duterte desde que accedió a la Presidencia en junio de 2016.

Durante los últimos diez meses, más de 7.000 personas presuntamente relacionadas con el tráfico de drogas --otros organismos estiman que esta cifra llega a los 9.000-- han muerto a manos de la Policía y grupos armados en el país, lo que incluye "daños colaterales" y menores. Los agentes han aceptado la responsabilidad de sólo 2.717 muertes, según la ONG.

"El Gobierno debe localizar otras prisiones de este tipo en todo el país y asegurarse de que los responsables se presenten ante la Justicia", ha indicado Kine. "Las cárceles secretas podrían ser otra forma de criminalidad policial", ha añadido.

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