HRW pide a Birmania que retire los cargos contra los periodistas imputados por asociación ilícita

Periodistas sujetan una pancarta por la libertad de prensa
STRINGER/REUTERS
Publicado 30/06/2017 7:09:35CET

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) ha pedido este viernes al Gobierno de Birmania que retire los cargos por asociación ilícita imputados a tres periodistas detenidos por el Ejército el pasado lunes en el estado de Shan después de cubrir un evento de quema de drogas organizado por el Ejército de Liberación Nacional Ta'ang (TNLA), un grupo étnico armado que las autoridades de Naipyidó consideran ilegal.

El Ejército detuvo a siete personas, entre ellos los tres periodistas, a los que se les acusa de estar vinculados al TNLA. Los tres periodistas habían viajado a la zona controlada por el grupo étnico para cubrir un acto sobre la erradicación de la droga celebrado en el Día Internacional contra el Abuso de Drogas y el Tráfico Ilícito.

El subdirector de HRW para Asia, Phil Robertson, ha calificado de "aterrador" que las autoridades birmanas imputen a los periodistas "simplemente por hacer su trabajo".

"El Gobierno de Birmania, donde hay muchos presos políticos detenidos por motivos igual de dudosos, debe retirar esos cargos de forma inmediata y garantizar la liberación de los tres", ha señalado.

Durante los tres días que el Ejército ha tenido arrestados sin cargos a los reporteros, su ubicación fue totalmente desconocida. Otras cuatro personas fueron detenidas con los periodistas, a tres de las cuales se les ha imputado el mismo delito. De la séptima persona no se sabe nada.

El segundo teniente de la Policía, Kyaw Min, ha explicado que un capitán del Ejército presentó una denuncia contra los detenidos, en la que señalaba que tenían "vínculos con organizaciones que el Gobierno tiene declaradas como ilegales".

En la denuncia, el capitán instaba a la Policía a tomar medidas. "Basándonos en los hechos incluidos en la denuncia, hemos decidido imputar a los detenidos en virtud de la sección 17 de la Ley de Asociación Ilícita", ha señalado, en referencia a una norma de la época colonial. De ser condenados, podrían enfrentarse a penas de hasta tres años de prisión.

HRW ha asegurado que esta ley, que incluye una extensa variedad de supuestos, ha sido utilizada por el Ejecutivo para castigar a los sospechosos de haber mantenido algún tipo de contacto con los grupos armados de la oposición.

El Parlamento del estado votó, el pasado mes de diciembre, a favor de incluir al TNLA en la lista de organizaciones terroristas, así como al Ejército por la Independencia Kachin, al Ejército de la Alianza Democrática Nacional de Birmania y al Ejército de Arakan.

El TNLA, uno de los más de diez grupos armados de minorías étnicas que han luchado durante décdas contra el Gobierno central, no firmó el acuerdo de alto el fuego sellado en octubre de 2015. Sin embargo, representantes del colectivo han asistido a la segunda ronda de conversaciones de paz celebrada por el Gobierno en Naipyidó el pasado mes de mayo.

"DURO GOLPE A LA LIBERTAD"

La detención de periodistas que buscan recoger información sobre un grupo armado es, según HRW, un "duro golpe" a la libertad de información en el país. Si bien el Gobierno puede imponer algunas restricciones por razones de seguridad, estas "deben ser estrictamente necesarias para propósitos legítimos", ha agregado el organismo.

En este contexto, HRW ha señalado que el Gobierno debe cumplir plenamente su responsabilidad y permitir a los periodistas que hablen y se reúnan con diferentes personas sin temer ser arrestados o víctimas de acoso, incluso aunque estos actores estén en conflicto con el propio Gobierno o con el Ejército.

Robertson ha concluido insistiendo en que el Ejército birmano ha utilizado la legislación para "atacar a los que proveen de información" al país, por lo que todos los cargos imputados a los reporteros deben ser retirados "para que puedan realizar la cobertura de los conflictos étnicos en el país".

Más de un centenar de organizaciones civiles se opusieron a esta decisión, señalando que complicaría el proceso de reconciliación.

A pesar de la presión de los grupos de Derechos Humanos y de los países occidentales, el Gobierno de Aung San Suu Kyi ha conservado vagamente las leyes de seguridad de la época colonial, que finalizó en 1948, criticadas como una violación de la libertad de expresión.

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