MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -
La organización Human Rights Watch (HRW) ha pedido al Gobierno de Bangladesh que detenga de inmediato la ejecución de tres hombres acusados por un ataque con granada en mayo de 2004 dirigido al entonces embajador británico, Anwar Choudhury, quien sobrevivió al ataque.
El pasado domingo, el Tribunal Supremo del país condenó a muerte a los tres hombres, todos miembros del ilegalizado grupo miliciano Harkat Ul Jihad (HuJI). En el ataque perpetrado en el distrito de Sylhet murieron tres agentes de Policía y decenas de personas resultaron heridas.
"Los criminales necesitan ser castigados, pero Bangladesh está tomando la dirección equivocada al aplicar la pena de muerte", ha asegurado el director de HRW para Asia, Brad Adams. "Bangladesh debería iniciar una suspensión inmediata de la pena de muerte, ya que es cruel e irreversible y no debería usarse nunca, independientemente del delito", ha añadido.
La principal evidencia de los tres hombres está basada en sus confesiones, que según los magistrados fueron ofrecidas libremente, pero los acusados aseguran que confesaron tras ser torturados durante su custodia policial. Mientras estuvieron detenidos y durante sus interrogatorios, los acusados no contaron con ninguna representación legal.
Las organizaciones de Derechos Humanos, tanto locales como internacionales, han asegurado que la tortura está muy extendida en el país. Sin embargo, el tribunal de Apelaciones ha señalado que las confesiones de los detenidos son "naturales, voluntarias y corroborativas entre ellas" y que "no fueron obtenidas por medio de coacción, intimidación y tortura".
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que interpreta el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que pertenece Bangladesh, ha declarado que no debe haber una "presión física o psicológica, directa o indirecta de las autoridades investigadoras con el fin de obtener una confesión de culpabilidad".
HRW ha documentado anteriormente numerosos casos de tortura para obtener confesiones en el sistema de justicia penal de Bangladesh, que dificulta que los acusados tengan un juicio justo.
