El jefe de la Inteligencia ruandesa se niega a ser extraditado a España

Publicado 25/06/2015 17:09:34CET

LONDRES, 25 Jun. (Reuters/EP) -

El jefe de la Inteligencia ruandesa, Karenzi Karake, ha informado este jueves a un tribunal de Londres que no acepta ser extraditado a España, donde está acusado de participar en asesinatos de represalia tras el genocidio en su país en 1994.

La Policía británica arrestó a Karake, de 54 años, en el aeropuerto de Heathrow el sábado en virtud de una orden de arresto emitida por España y desde entonces le ha mantenido bajo custodia.

Vestido con un traje verde y amarillo, Karake ha agradecido los gripos de apoyo de sus partidarios, que han abarrotado la zona para el público en el Tribunal de Magistrados de Westminster.

Preguntado sobre si consentía su extradición, Karake ha dicho desde el estrado: "no lo hago". Cherie Blaier, la esposa abogada del exprimer ministro Tony Blair, ha asesorado al equipo defensor de Karake, que ha solicitado con éxito su puesta en libertad bajo fianza a la espera de la vista para la extradición en octubre.

El juez de distrito Quentin Purdy ha fijado como condiciones de la liberación una fianza de un millón de libras, restricciones de movimientos y la entrega de su pasaporte.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu emitió una orden de arresto en 2008 contra Karake para que declare en el marco de la causa en la que se investiga el genocidio de más de cuatro millones de ruandeses en los años noventa del siglo XX, la mayoría hutus, así como el asesinato de nueve españoles.

Andreu concluyó en septiembre de 2014 esta investigación, en la que están procesados desde 2008 un total de 40 altos y ex altos cargos del país. Tras la limitación de la justicia universal, la Sala de lo Penal archivó la causa contra 11 de los procesados a los que no se atribuían delitos de terrorismo aunque el auto está recurrido ante el Tribunal Supremo por las víctimas.

Entre las víctimas del genocidio se encontraban nueve españoles, seis de ellos religiosos y otros tres que trabajaban para la ONG Médicos del Mundo. Sus muertes se produjeron en campos de refugiados, donde trabajaban y "denunciaban los abusos sufrían los desplazados de guerra", según señalaba el auto.