BAGDAD, 18 Abr. (Reuters/EP) -
Los tribunales iraquíes han condenado a pena de muerte en Mosul y en zonas aledañas a un total de 212 personas por complicidad con el grupo terrorista Estado Islámico desde que la ciudad fue recuperada por las fuerzas gubernamentales iraquíes entre julio y agosto de 2017, según ha informado una portavoz judicial.
Mosul albergaba a unos dos millones de personas antes de ser tomada en 2014 por los milicianos de Estado Islámico, el grupo terrorista que proclamó allí el nacimiento de su 'califato' conformado también por los territorios arrebatados a las fuerzas del régimen de Bashar al Assad en Siria.
El primer ministro iraquí, Haider al Abadi, proclamó la victoria total frente al grupo terrorista en diciembre de 2017, después de que las fuerzas gubernamentales se hicieran con los últimos reductos de los milicianos de negro.
Desde entonces, los grupos defensores de los Derechos Humanos han acusado a las fuerzas gubernamentales iraquíes y a otras fuerzas de la región de estar cometiendo irregularidades en los procesos judiciales y de llevar a cabo juicios sin garantías para condenar a los arrestados.
El Consejo Supremo Judicial ha dicho este miércoles que los procesos penales dependientes del Tribunal Federal de Apelaciones de Nínive, en cuya jurisdicción se encuadra Mosul, han juzgado 815 casos desde que la zona fue arrebatada a Estado Islámico.
"Las estadísticas de los tribunales penales muestran que 815 han sido juzgadas y que 212 han sido condenadas a muerte. Otras 150 han sido condenadas a cadena perpetua", ha señalado el portavoz del organismo judicial, el juez Abdul Sattar al Birqdar.
Se desconoce cuántas de las penas de muerte han sido ejecutadas. "La amplia mayoría de estos fallos son contra elementos de la organización terrorista Estado Islámico que se ha demostrado que cometieron crímenes y que llegan después de juicio públicos desarrollados conforme a la ley. A los acusados se les han respetado sus derechos", ha dicho Al Birqdar.
El portavoz judicial ha contado que otras 341 personas han sido condenadas a penas de prisión y 112 han quedado absueltas. En diciembre, la organización Human Rights Watch (HRW) difundió un informe en el que acusó a las autoridades judiciales federales y kurdas de estar violando los derechos de los acusados de pertenecer a Estado Islámico con juicios llenos de irregularidades, detenciones arbitrarias y procesamientos demasiado amplios.
