La Justicia de Perú investigará al expresidente Alan García por los lazos entre Odebrecht y el Metro de Lima

 

La Justicia de Perú investigará al expresidente Alan García por los lazos entre Odebrecht y el Metro de Lima

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Publicado 01/04/2017 4:36:02CET

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Justicia peruana ha anunciado este viernes que finalmente investigará al expresidente peruano Alan García, que ha negado este lunes su presunta implicación en el 'caso Odebrecht', la empresa brasileña investigada por corrupción y que el Ministerio Público considera que estaría detrás de varios sobornos para hacerse con la concesión de dos tramos de la línea del Metro de la capital, Lima.

La Fiscalía 'ad hoc' presentó, a principios de marzo, una denuncia en su contra por delitos contra la Administración pública. En rueda de prensa, la fiscal responsable del caso, Katherine Ampuero, explicó que la denuncia, relacionada con la ejecución del contrato de una línea del Metro de Lima, incluye al exministro de Transportes y Comunicaciones Enrique Cornejo --que ejerció durante su segundo mandato-- y al exdirector de la Autoridad del Metro de la capital, Oswaldo Plasencia.

Ahora, el fiscal Hamilton Castro, encargado de la investigación, ha decidido que investigará al expresidente por un posible delito de tráfico de influencias, según recoge el diario peruano 'La República'.

García, que ha negado desde el principio su implicación en la trama, siempre ha saludado cualquier tipo de investigación. Este mismo viernes, a través de su cuenta oficial de la red social Twitter, el exmandatario ha señalado que "como abogado" considera "natural" que "ante la denuncia de la procuradora, la Fiscalía inicie una investigación".

"Como ya lo he señalado, si el fiscal lo cree conveniente, saludo toda investigación y acudiré a toda citación para colaborar", ha agregado.

Odebrecht y su filial petroquímica, Braskem, llegaron el pasado diciembre a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos por el cual admiten el pago de sobornos a funcionarios de 12 países para conseguir contratos públicos. Ambas compañías se han comprometido a pagar conjuntamente una multa de 3.500 millones de dólares a cambio de que se retiren los cargos en Estados Unidos, Suiza y Brasil.

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