BRUSELAS, 26 Nov. (Reuters/EP) -
Kenia ha afirmado que está preparado para abandonar el Tribunal Penal Internacional (TPI) en caso de no obtener ciertas garantías en el juicio contra el vicepresidente, William Ruto, lo que ha consolidado la ruptura entre los poderes africanos y el tribunal.
Ruto se enfrenta a cargos de crímenes contra la Humanidad que incluyen todo un entramado de asesinatos, deportaciones y persecuciones étnicas que tuvieron lugar durante la masacre de 2007, en plenas elecciones presidenciales. En diciembre del año pasado, el TPI imputó al presidente del país, Uhuru Kenyatta, bajo los mismos cargos, aunque no pudo mantener las acusaciones por la retirada y desaparición de testigos.
Dos veteranos abogados del Estado han explicado a Reuters que Nairobi disiente en que se aplique de manera retroactiva una norma que permite al tribunal usar las declaraciones de testigos que hayan decidido retirarse --lo que afectaría al proceso de Ruto--. "La retirada es una opción viable si no podemos asegurar lo que hemos pedido", dijo uno de los expertos legales.
En la misma línea se ha expresado el ministro de Exteriores keniano a través de la red social Twitter, advirtiendo de que "Kenia no tendría mayor opción en estas circunstancias que contemplar la retirada" del Estatuto de Roma, tratado fundacional del TPI.
EL TPI "CONTRA" ÁFRICA
La Unión Africana y otras fuerzas han acusado al TPI de perseguir mayoritariamente a los líderes africanos, aunque esta acusación ha sido rechazada por la fiscal jefe de La Haya, Fatou Bensouda.
La Fiscalía del TPI se vio obligada a retirar los cargos contra Kenyatta, a quien acusaron en 2011 de respaldar las turbas que provocaron una ola de violencia étnica. Durante el tiempo que duró el proceso, la Fiscalía aseguró que no se le facilitó el acceso a los registros financieros del presidente, que también interfirió en las declaraciones de los testigos, especialmente tras ser elegido en 2013. Kenyatta ha negado estas acusaciones.
ADIÓS AL ESTATUTO DE ROMA
Mientras duró la investigación, Kenyatta promovió la salida de su país del Estatuto de Roma, a la vez que promovía un movimiento similar entre el resto de líderes africanos.
Kenia y Sudáfrica han unido esfuerzos para generar un grupo de presión que promueva una mayor libertad para interpretar las normas del tribunal. De hecho, en octubre, el vicepresidente, Obed Bapela, señaló que Sudáfrica planeaba abandonar el TPI.
Sudáfrica ha estado en conflicto con la institución desde el fallido intento de detención de su presidente, Omar Hasán al Bashir, que visitó Johanesburgo en junio y sobre el que ahora pende una orden de búsqueda (emitida por el TPI en 2009). Al Bashir ha sido acusado de genocidio, crímenes contra la Humanidad y de guerra durante el conflicto de Darfur.
La tensión no solo debilita al organismo internacional, sino que también abre un bache con Europa, al tiempo que el viejo continente busca aliados en Oriente Próximo y el Norte de África para combatir a Estado Islámico.
Kenia sería el primer país, de los 123 miembros que forman parte del TPI, en abandonar la institución que inició su actividad en el año 2002 con el objetivo de acabar con la impunidad de los líderes que cometían crímenes de guerra, contra la Humanidad y genocidios.
