MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -
La líder del Frente Nacional y candidata a la Presidencia de Francia Marine Le Pen se ha negado a devolver al Parlamento Europeo cerca de 300.000 euros que había recibido desde Bruselas para la contratación de empleados del partido en un caso que fue denunciado el pasado mes de octubre por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).
Tal y como indica el diario galo 'Le Figaro', Le Pen debería haber devuelto este martes, 31 de enero, antes de la medianoche el dinero exigido por la OLAF. En caso contrario, como ha ocurrido, la líder del partido de ultraderecha francés será penalizada por el organismo.
La revista 'Challenges' sacó a la luz la semana pasada dos documentos que demostraban que la líder del Frente Nacional ya había recibido al menos dos correos desde Bruselas en los que se le exigía la devolución de un total de 298.497 euros por los salarios entregados "de forma indebida" a Catherine Griset, que compatibilizó su sueldo como ayudante parlamentaria con otros cargos de relevancia en el partido.
La OLAF inició este procedimiento el pasado mes de octubre, para que Le Pen reembolsara cerca de 340.000 euros. La otra cantidad, un total de 41.554 euros que corresponden al salario de su guardaespaldas, Thierry Légier, tendría que ser devuelta a Bruselas antes del 28 de febrero.
La semana pasada, el 'número dos' de la formación de Le Pen, Florian Philippot, se negó a comparar el caso de la hija del fundador del Frente Nacional con el de la esposa del candidato a la Presidencia François Fillon, Pénélope Fillon, implicada en un caso de empleos ficticios en el Parlamento galo.
"No estamos hablando del mismo caso, para nada", señaló, durante una entrevista concedida a la cadena iTélé. Philippot defendió que Le Pen "no empleó de forma ficticia" a los dos señalados y aseguró que no hubo intento por ocultar este hecho, "por lo que no se trata de la misma figura".
El caso de Le Pen se remonta al pasado mes de marzo, cuando el Parlamento Europeo confirmó que había alertado a la OLAF por posibles abusos. Aunque en un momento se llegó a hablar de hasta una veintena de empleados en situación irregular, finalmente el organismo de vigilancia señaló sólo a dos.
Los investigadores concluyeron que los distintos cargos que ocupaban Légier y Griset eran incompatibles entre sí e incumplían la normativa para la contratación de asesores.
