Líbano.- Marlaska investiga el atentado que mató a seis militares españoles y prohíbe incinerar los cuerpos

Actualizado 26/06/2007 17:32:01 CET

El juez Andreu abrió en su día una causa, archivada dos meses después, por la muerte de siete agentes del CNI en Irak.

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska acordó hoy abrir de oficio una investigación sobre el atentado con coche-bomba que el pasado domingo causó la muerte a seis miembros del contingente español de la Fuerza Interina de Naciones Unidas (FINUL), en la localidad de Jiyam, en el sur del Líbano, informaron hoy fuentes jurídicas.

Para ello, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, que se encuentra de guardia esta semana en la Audiencia Nacional, ha prohibido la incineración de los cadáveres de los seis militares, incluidos los tres de nacionalidad colombiana, por si fuera necesario más adelante practicarles una segunda autopsia para esclarecer algún aspecto de la investigación.

Las fuentes consultadas indicaron que la decisión adoptada hoy por el magistrado permite que los cuerpos de los militares de nacionalidad colombiana sean repatriados a su país, como estaba previsto, aunque tampoco podrán ser incinerados por si es necesario volver a examinarlos.

Además, el juez ha solicitado informes sobre el atentado a los Ministerios de Exteriores y Defensa, así como al Juzgado Togado Militar que incoó diligencias en un primer momento tras tener noticia de lo ocurrido en Líbano, al ser los fallecidos miembros del Ejército español.

Fuentes juridicas señalaron que la apertura de esta investigación se basa en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que señala que la jurisdicción española es competente para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse como terrorismo.

Dicho artículo "determina la competencia de la jurisdicción española para conocer de hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional, cuando sean susceptibles de tipificarse, según la ley española, como genocidio; terrorismo; piratería y apoderamiento ilícito de aeronaves; falsificación de moneda extranjera; delitos relativos a la prostitución y los de corrupción de menores; tráfico ilegal de drogas; delitos de mutilación femenina; y cualquier otro que, según los tratados o convenios internacionales, deba ser perseguido en España".

ATENTADO EN IRAK ARCHIVADO.

Se trata de la segunda vez en estos años que la Audiencia Nacional investiga un atentado contra españoles en el extranjero. De hecho, en diciembre de 2003, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu solicitó las autopsias realizadas a los siete agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) asesinados el 29 de noviembre de ese mismo año en la localidad iraquí de Latifiya.

No obstante, el magistrado decretó en febrero de 2004 el archivo provisional de las diligencias ante el hecho de que "el fallecimiento de los miembros de las Fuerzas Armadas españolas en Irak se produjo como consecuencia de un ataque armado cometido por un grupo de personas, cuya identidad por el momento se desconoce, y que está siendo investigado por las autoridades de las Fuerzas de la Coalición desplegadas en la zona".

ATENTADO EN EL LÍBANO.

El atentado que ahora investigará Grande-Marlaska fue cometido con el poderoso explosivo plástico C4, cinco veces más potente que el TNT. En él murieron Juan Vilora Díaz, abulense de 20 años; Jonathan Galea García, madrileño de 18; y David Puerta Ruiz, sevillano de 19; así como los colombianos Jeferson Vargas Moya, de 21 años, Jackson Castaño Abadía, de 20, y Juan Ericson Posada, de la misma edad.

El funeral de Estado por los seis militares fallecidos se celebró esta mañana en el Patio de Armas de la base de la Brigada Paracaidista (BRIPAC) de Paracuellos del Jarama (Madrid), con la asistencia de los Príncipes de Asturias; el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero; y diversas autoridades políticas y militares.

Durante la ceremonia el Príncipe de Asturias impuso sobre los féretros de los seis militares fallecidos la Cruz al Mérito Militar con distintivo amarillo. Esta condecoración reconoce la realización de acciones que entrañan un grave riesgo o, como en este caso, la muerte en acto de servicio.