GINEBRA, 7 Jun. (Reuters/EP) -
Más de 30 países han reclamado este miércoles en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que las autoridades de Maldivas investiguen "minuciosamente" el asesinato del bloguero y activista Yameen Rasheed, apuñalado en abril en su vivienda en la capital, Malé.
Rasheed, de 29 años, era un influyente crítico que publicaba artículos en su página web, The Daily Panic, donde abogaba por la justicia social y denunciaba la corrupción del Gobierno maldivo, así como a los movimientos islamistas del país. En su cuenta en la red social Twitter, el bloguero se describía como "un escritor desobediente".
El Gobierno de Maldivas ha rechazada las críticas, considerándolas injustas, y el presidente del país, Abdulla Yameen, ha condenado el asesinato de Rashid y se ha comprometido a llevar a los responsables ante la justicia.
En un comunicado conjunto, más de 30 países occidentales, incluido Estados Unidos, han subrayado que la libertad de expresión es un derecho constitucional en Maldivas y que está siendo "cada vez más limitado". Los firmantes emplazan al Gobierno de Maldivas a "impedir la intimidación a los defensores de Derechos Humanos", incluida la que ejercen aquellos que promueven la violencia extremista, y recalca que "la existencia de una oposición legítima es el elemento vital de una democracia saludable. "Es esencial que la libertad de reunión y de expresión estén garantizadas", añaden.
"Celebramos el compromiso del Gobierno para garantizar una investigación objetiva e imparcial sobre la muerte del conocido bloguero y defensor de Derechos Humanos Yameen Rasheed", ha asegurado el embajador británico ante el Consejo de Derechos Humanos, Julian Braithwaite, en una sesión en la que ha estado presente Hussain Rasheed, el padre del bloguero asesinado.
El embajador de Maldivas, Hala Hamed, ha declarado que la voluntad de su Gobierno es "mantener un diálogo constructivo sobre las cuestiones relativas a los Derechos Humanos tanto con las instituciones como con la prensa y la sociedad civil, que mantenga el sólido historial de protección de los derechos políticos fundamentales."
Por su parte, la Unión Europea ha asegurado que "el uso del sistema judicial para atacar a los opositores políticos constituye una seria amenaza para la celebración en 2018 de unas elecciones que resulten creíbles e inclusivas".
