Prostitutas africanas
SIEGFRIED MODOLA / REUTERS
Actualizado: lunes, 14 marzo 2016 20:20

LONDRES, 14 Mar. (Thomson Reuters Foundation/EP) -

Mauritania, el país con mayor índice de esclavos, se ha convertido este lunes en la segunda nación africana en suscribir un tratado de Naciones Unidas para combatir el trabajo forzado y la trata de personas, como parte de una estrategia para redoblar su lucha contra la esclavitud.

"Es el primer paso real que toma Mauritania para poner en marcha toda una infraestructura legal para proteger a las personas del azote de la explotación y el trabajo forzado", ha afirmado el director en África de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Aeneas Chapinga Chuma. Mauritania es el país con la tasa más alta de esclavitud. Según el Índice Global de Esclavitud, el 4 por ciento de la población --unas 150.000 personas-- padecen esta situación.

La esclavitud es una práctica habitual en Mauritania, donde dicha condición se mantiene de generación en generación. Los haratin conforman la principal "casta esclava". Estos descendientes de las tribus africanas de etnia negra, asentadas a lo largo del río Senegal, son empleados como pastores de ganado o criados domésticos por sus dueños.

Mauritania, junto con Noruega, Níger y Reino Unido, se ha convertido en el cuarto país en suscribir el protocolo, que incluye medidas para prevenir las nuevas formas de esclavitud, así como compensaciones para las víctimas, ha explicado la OIT --que pretende elevar la cifra de países firmantes a 50 antes de 2018--.

Según datos aportados por este organismo, cerca de 21 millones de personas son víctimas del trabajo forzado, que genera unos ingresos ilegales de más de 135.000 millones de euros. La mayoría de los afectados trabajan en burdeles, pesquerías, fábricas o granjas, así como en la construcción o en servicios domésticos.

Mauritania penalizó la esclavitud en 2007, aunque este año elevó la pena a crimen contra la Humanidad, duplicando en 20 los años de prisión para los infractores. No obstante, activistas han denunciado que las querellas no se investigan correctamente y han criticado el encarcelamiento de varios compañeros de filas.

Con todo, los países que ratifiquen el protocolo de la ONU, que moderniza el Convenio sobre la Abolición del Trabajo Forzoso de 1930, deberán modificar la legislación para mejorar el sistema de protección de víctimas y compensaciones, así como el acceso a la justicia.

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