MÉXICO DF, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -
Documentos de la Secretaría de Seguridad Pública de México revelan que en este país hay 980 "zonas de impunidad" donde los vecinos perciben que el crimen organizado actúa sin ningún control efectivo por parte de las autoridades locales, que no han sido capaces de garantizar la plena seguridad de sus habitantes.
Este número es considerablemente mayor al divulgado el pasado mes de marzo, cuando estuvo de visita la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, a quien el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, le informó de la existencia de 233 "zonas de impunidad".
Sin embargo, los documentos reseñados por el diario mexicano 'Milenio' desvelan que a Clinton no se le suministró toda la información porque en realidad "el panorama delictivo incluye, sin excepción, a todos los estados" de México.
La información desclasificada señala que entre 2008 y 2009 los mexicanos denunciaron la existencia unas 2.437 "zonas de impunidad", de las cuales 1.457 fueron controladas por los organismos de seguridad, quedando pendientes "por resolver" unas 980 localidades.
Las llamadas "zonas de impunidad" han sido definidas como "las calles, avenidas, colonias, lugares en los que los enlaces de prevención de la Secretaría de Seguridad Pública han atendido denuncias en las que los ciudadanos perciben diversos delitos que no son combatidos".
La percepción de la ciudadanía que vive en el norte, centro y sur de México es de un Gobierno que no ha podido ejercer un control pleno sobre el crimen organizado que el año pasado se cobró la vida de más de 6.000 personas, pese a que el presidente Felipe Calderón ha aseverado que "no hay un solo espacio del territorio nacional que escape a la dirección del Estado", recuerda 'Milenio'.
Los documentos detallan además que miles de personas han sido víctimas de la delincuencia sin recibir la respectiva atención de las autoridades, situación que no ha sido exclusiva de las zonas rurales, pues también se ha registrado en grandes ciudades como la capital federal y Monterrey.
El texto señala que los estados más afectados, donde los ciudadanos consideran que la respuesta gubernamental es nula, son Chihuahua, Oaxaca, Veracruz, Campeche, Chiapas y Durango, considerados entonces como los "más peligrosos" por registrar además la mayor incidencia delictiva.
