DAKAR, 31 May. (Reuters/EP) -
La Misión Unidimensional Integrada de Naciones Unidas para la Estabilización en República Centroafricana (MINUSCA) ha cesado a uno de sus abogados después de que acusara a 'cascos azules' ruandeses de masacrar en abril a 30 civiles en la capital del país, Bangui.
El abogado hispano-francés Juan Branco se incorporó el 15 de mayo a la MINUSCA para asesorar al Tribunal Criminal Especial encargado de investigar crímenes de guerra y contra la Humanidad en el país.
El tribunal, respaldado por la ONU, iniciará investigaciones formales la semana que viene a pesar de las dudas sobre su efectividad en un momento en el que el Gobierno no controla grandes porciones del país.
En una carta fechada el 28 de mayo y entregada por Branco a la agencia británica de noticias Reuters, el departamento de recursos humanos de la MINUSCA le informa de que varios 'tuits' que publicó tras firmar el contrato violan la prohibición de acciones "que puedan afectar negativamente los intereses de la ONU".
"El asesor aceptó y reconoció (...) que cualquier violación de cualquiera de las cláusulas del contrato supondría una violación de un término fundamental del contrato y da motivos para la terminación del mismo", agrega la misiva.
En uno de sus 'tuits', Branco --quien ha representado a Julian Assange, fundador de Wikileaks-- dijo que 'cascos azules' ruandeses "masacraron a más de 30 civiles e hirieron a otros cien sin justificación alguna" durante los incidentes registrados el 10 de abril en el barrio PK5, de mayoría musulmana.
Las muertes desataron la ira de los residentes, que colocaron los cuerpos de al menos 16 de ellos frente a la base de la MINUSCA en Bangui. La ONU dijo entonces que esas personas habían muerto a manos de bandas criminales.
El ministro de Estado en el Ministerio de Exteriores ruandés, Olivier Nduhungirehe, resaltó posteriormente que no tenía información de ninguna acusación contra el contingente ruandés desplegado en RCA.
En respuesta a su cese, Branco ha enviado un correo electrónico a la ONU en el que ha acusado a la MINUSCA de intentar encubrir la matanza y ha resaltado que su despido se debe a una carta que escribió un día antes al fiscal especial del tribunal y al oficial a cargo de asuntos judiciales de la misión informando de que el tribunal podría investigar los presuntos crímenes cometidos por los 'cascos azules'.
En dicho correo electrónico, también facilitado a Reuters, el abogado negó que su contrato limitara su capacidad de expresar públicamente sus opiniones y que sus acciones fueran contrarias a los intereses de la ONU.
"Denunciar crímenes, sin violar las obligaciones de confidencialidad, es una exigencia para todos, y especialmente para aquellos que están encargados de luchar contra ellos", sostuvo.
Un portavoz de la MINUSCA ha resaltado que "comentar públicamente sobre la responsabilidad de unos crímenes, incluso antes de llegar al país, es un comportamiento claramente inaceptable para alguien contratado para ayudar a la operatividad de un tribunal especial".
