Solo 10 países, que suman el 2,5% del producto interior bruto mundial, se hacen cargo ahora de 12 millones, el 56% del total
MADRID, 4 Oct. (Por Manu Mediavilla, colaborador de Amnistía Internacional) -
En vez de asumir su responsabilidad para resolver la crisis global que afecta a 21 millones de personas refugiadas (0,3% de la población mundial), los países ricos están escurriendo el bulto a base de reforzar policial y militarmente sus fronteras, levantar 'muros de la vergüenza' y 'externalizar' los controles migratorios a los países de origen y tránsito a golpe de talonario.
Lo denuncia Amnistía Internacional (AI) en un informe publicado este martes ("Atajar la crisis global de refugiados: De eludir a repartir la responsabilidad"), en el que propone varias medidas perfectamente viables para lograr un reparto más equilibrado de los esfuerzos para ayudar a quienes han tenido que abandonar su hogar por guerras, persecución y graves violaciones de sus derechos humanos.
Como subraya el secretario general de AI, Salil Shetty, solo 10 de los 193 países del mundo, que apenas suman el 2,5% del producto interior bruto global, se hacen cargo ahora de 12 millones de personas refugiadas, el 56% del total. Y remacha: "Los líderes deben aclarar por qué el mundo rescata bancos, desarrolla nuevas tecnologías y participa en guerras, pero es incapaz de ofrecer un hogar seguro a 21 millones de refugiados, que representan solo el 0,3% de la población mundial".
Bastaría, como plantea el informe, con que cada Estado asumiera una cuota justa para ofrecer cada año un hogar al 10% de las personas refugiadas. Una cuota equitativa basada en criterios objetivos como su riqueza, población y tasa de desempleo, que permitiría dar una respuesta eficaz y duradera al problema. Todo lo contrario de la actual situación de enorme desequilibrio, en la que un puñado de países próximos a los focos de conflicto se ven desbordados por la masiva llegada de refugiados mientras los países más ricos son, como apunta Shetty, "los que menos reciben y los que menos hacen".
Con cooperación y voluntad política, recalca Amnistía Internacional, el reto sería fácilmente superable. Y pone como ejemplo a Canadá, donde una imagen terrible -el cadáver del niño kurdo de tres años Alan Kurdi arrastrado por las olas a una playa turca-- removió las conciencias al tener familiares en ese país y centró en aquel septiembre de 2015 el foco de la campaña electoral en la crisis de los refugiados. El triunfo del liberal Justin Trudeau supuso un viraje total en la política de refugio, con casi 30.000 sirios reasentados en menos de un año y otras 18.000 solicitudes en estudio.
El informe hace un detallado mapa de situación de la crisis global de refugio, incluido su capítulo trágico en los mares. No solo en el Mediterráneo, con casi 4.000 víctimas contabilizadas en 2015 y más de 3.500 en lo que va de 2016. También en aguas del sudeste asiático, con al menos 1.100 muertes en año y medio, la mayoría de refugiados rohingyas que huían de Myanmar.
Junto a conflictos más recientes que acaparan la atención informativa como Siria (casi 5 millones de refugiados en cinco años), Amnistía recuerda que hay refugiados de larga duración (5,2 millones de palestinos, 2,7 millones de afganos, 1,1 millones de somalíes) y otros como resultado de nuevos conflictos (1 millón de Sudán del Sur, 265.000 de Burundi).
Y constata la grave insuficiencia de fondos para solucionar la crisis, que alcanza a ACNUR, el organismo especializado de Naciones Unidas, y se concreta en los planes regionales: ninguno (48% Siria, 37% Burundi, 27% Yemen, 20% Sudán del Sur) ha cubierto la mitad de sus necesidades. En la lista de donantes per cápita, liderada por países nórdicos y Luxemburgo, España ocupa el 29º puesto.
En el caso sirio, los contrastes son abrumadores y dejan en evidencia a los países ricos. Mientras que Reino Unido apenas ha acogido a 8.000 refugiados de ese país en cinco años, Jordania (con la décima parte de población y el 1,2% de su producto interior bruto) ha recibido a 655.000. Mientras Líbano (4,5 millones de habitantes y 9.000 euros de PIB per cápita) da cobijo a 1,1-1,5 millones de sirios, Nueva Zelanda (misma población y 37.500 euros de PIB per cápita) solo alberga a 250; Irlanda (con similar población y una economía que quintuplica la libanesa) no pasa de 758.
El 86% de la población refugiada mundial se encuentra en países de ingresos medios y bajos (los más pobres acogen al 20%). Mientras tanto, los países ricos ponen barreras legales, blindan sus fronteras y levantan muros y vallas para mantener 'fuera' a las personas refugiadas. Como Australia con su militarizada Operación Frontera Soberana para impedir que lleguen a sus costas botes con solicitantes de asilo, que además los detiene en alta mar y los recluye en centros bajo gestión australiana en Nauru --Amnistía ha documentado graves abusos y trato inhumano-- y Papúa Nueva Guinea.
Como Estados Unidos y México con sus planes de fronteras para cortar el paso, detener y deportar a quienes llegan del 'triángulo norte' centroamericano (Guatemala, Honduras y El Salvador) huyendo de la creciente violencia. Y como la Unión Europea, que ha firmado con Turquía un acuerdo de más que dudosa legalidad y que intenta alcanzar oscuros pactos con países como Libia y Sudán, donde inmigrantes y refugiados sufren abusos generalizados.
En cuanto a las personas refugiadas vulnerables y necesitadas de urgente reubicación en otros países, 1,2 millones según ACNUR, solo 30 países aplican programas de reasentamiento, que cubren apenas 100.000 plazas. Un grave déficit que, en clave de derechos humanos, significa que su vida y su seguridad continúan en grave peligro en su primer país de refugio. Ese grupo vulnerable incluye supervivientes de violencia y tortura, personas con serias necesidades médicas, mujeres y niñas en riesgo de violencia de género, personas discriminadas por su orientación o identidad de género, y menores no acompañados.
FUTURO INCIERTO
Con ese telón de fondo, la actitud de los países ricos de 'alejar' el problema condena a millones de personas refugiadas a vivir en la miseria, soportar condiciones inhumanas y morir de enfermedades tratables. O a emprender de nuevo peligrosos viajes en busca de futuro.
Situaciones que tendrían solución con un reparto equitativo de la responsabilidad internacional hacia la población refugiada. Para Amnistía Internacional, ese objetivo no solo exige desarrollar mecanismos para esa responsabilidad compartida, sino también aumentar el número de plazas de reasentamiento y garantizar una financiación sostenible para la protección de las personas refugiadas.
Y sin olvidar la urgente necesidad de abrir más rutas seguras y legales para quienes se han de abandonar sus hogares por culpa de la guerra y los abusos de derechos humanos.
