Amnistía y HRW denuncian las violaciones de DDHH con motivo del primer aniversario del 'autogolpe' de Gyanendra

Actualizado 02/02/2006 14:37:52 CET

LONDRES/NUEVA YORK, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW) denunciaron hoy los abusos y las violaciones masivas de Derechos Humanos registradas en este último año en Nepal desde que el Rey Gyanendra asumió plenamente todos los poderes mediante un 'autogolpe' de Estado, del que ayer se celebró el primer aniversario.

"Desde el golpe de Estado del Rey del l de febrero de 2005, los militares del Gobierno y las fuerzas de seguridad han suspendido de forma sumaria o han ignorado los derechos civiles y políticos y siguen implicados en la práctica de las desapariciones, que han convertido a Nepal en el país de la ONU con mayor número de casos registrados", aseguró Human Rights Watch.

En estas circunstancias, según HRW, las fuerzas de seguridad han detenido a cerca de 3.000 activistas políticos, periodistas y estudiantes. Aparte, el conflicto armado entre el Ejército y el Partido Comunista de Nepal (de orientación maoísta) continúa con la misma intensidad que antes del golpe de Estado, salvo una tregua unilateral de cuatro meses de los maoístas que concluyó el pasado 2 de enero.

A lo largo del año pasado, prosiguió Human Rights Watch, las fuerzas del seguridad causaron la muerte de más de mil personas, incluidos civiles, mientras que los maoístas fueron responsables de al menos 600 muertos. En este periodo, el Rey firmó numerosos decretos que anulaban las normas constitucionales o legislativas que limitaban sus poderes.

"Mientras que el Rey Gyanendra afirma que está comprometido con la democracia multipartidista y las normas constitucionales, sus actos demuestran que su objetivo es permanecer en el poder", declaró el director para Asia de HRW, Brad Adams. "Está a tiempo de dar el paso y permitir que los partidos políticos y la sociedad civil del país pueda poner fin a la crisis", añadió.

AMNISTÍA

Por su parte, Amnistía recordó que el propio Rey Gyanendra afirmó ayer, durante su discurso a la nación pronunciado con motivo del primer aniversario de su 'autogolpe', que "se debe permitir al pueblo ejercer sus derechos democráticos de forma pacífica". "Para que estas declaraciones se hagan realidad, el Gobierno debe liberar inmediata e incondicionalmente a todas las personas detenidas por el ejercicio pacífico de sus derechos", afirmó Amnistía.

La organización hizo especial hincapié en la represión política contra la oposición que se ha vivido a lo largo de las dos últimas semanas. Según estimaciones citadas por Amnistía, más de 1.350 personas han sido detenidas desde el pasado 19 de enero por participar en manifestaciones políticas, de las cuales al menos 888 podrían seguir encarceladas. La mayoría de los detenidos, según AI, eran manifestantes pacíficos, como es el caso de Krishna Pahadi, el doctor Mathura Shrestha o la doctora Devendra Raj Panday.

Aunque la mayoría de la atención internacional se ha centrado en los acontecimientos del valle de Katmandú, Amnistía expresó también su preocupación por las acciones incontroladas de las fuerzas de seguridad en otros distritos.

Por ejemplo, varios activistas locales denunciaron ayer que 54 personas fueron detenidas durante una manifestación en la ciudad de Birendranagar, en el distrito de Surkhet (oeste), y que otras 20 resultaron heridas --algunas de gravedad-- a manos de los agentes. Amnistía Internacional instó en su comunicado al Gobierno a investigar de forma inmediata todas las denuncias sobre uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones.

Aparte, prosiguió Amnistía, el Gobierno debe levantar las restricciones a las libertades de reunión, asociación y expresión impuestas mediante decretos reales y regulaciones burocráticas desde que el Rey Gyanendra se hizo por la fuerza con el control de las instituciones.

La organización aseguró también que las restricciones a los derechos civiles y políticos han dificultado cada vez más el trabajo de los activistas de Derechos Humanos y de los periodistas que intentan informar sobre los abusos cometidos en el contexto de la guerra que desde hace una década mantiene el Gobierno con los maoístas.