BRUSELAS, 23 May. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea ha propuesto este miércoles modificar las normas que rigen la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) para garantizar que disponga de los recursos necesarios para "trabajar estrechamente" con la Fiscalía Europea (EPPO) en la detección e investigación del fraude en la UE.
Los cambios en el reglamento regularán el intercambio de información de la OLAF con la Fiscalía Europea y el apoyo a sus investigaciones para garantizar que ambas oficinas se complementan y no hay duplicación del trabajo.
Además, clarificarán "las herramientas de las que dispone la OLAF para llevar a cabo investigaciones administrativas" con la mayor eficacia. Según la Comisión, en la actualidad las normas no son lo suficientemente claras respecto a los controles y las inspecciones, el acceso a la información sobre las cuentas bancarias y las herramientas necesarias para luchar contra el fraude en el IVA.
Además, la Fiscalía Europea tendrá competencias para investigar y perseguir los delitos que afectan al presupuesto de la UE, como la corrupción o el uso fraudulento de fondos europeos o relativo al IVA transfronterizo.
"Debemos velar por que cada céntimo se gaste en beneficio de nuestros ciudadanos. Esto significa que la lucha contra el fraude y la corrupción debe ser más intensa que nunca. Tenemos que garantizar que la OLAF esté en condiciones de cumplir su misión y de colaborar con la Fiscalía Europea de un modo ágil y eficaz" ha señalado el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Recursos Humanos, Günther Oettinger.
Según el comisario, se trata de "complementar el enfoque penal de la Fiscalía con investigaciones administrativas rigurosas". De esta forma, el mandato de ambos organismos seguirá siendo el mismo, pero trabajarán en colaboración para garantizar que "se utilizan todos los medios disponibles para luchar contra el fraude y proteger el dinero de los contribuyentes".
En los Estados que participan en la Fiscalía Europea, las investigaciones de la OLAF se centrarán en facilitar la recuperación administrativa y evitar daños mayores a las finanzas de la UE. Asimismo, cuando la agencia antifraude descubra posibles delitos, informará rápidamente a la Fiscalía Europea y, a solicitud de esta, apoyará sus investigaciones.
La OLAF seguirá haciéndose cargo de los casos de corrupción en los Estados miembros que no participen en la EPPO y de las irregularidades no fraudulentas que se escapen a la competencia de la Fiscalía. Según datos de la Comisión, estas irregularidades representaban en 2016 el 93%, con un impacto financiero de unos 2.580 millones de euros.
