La ONU advierte a Turquía de cara al referéndum de que el estado de emergencia no garantiza muchos derechos

 

La ONU advierte a Turquía de cara al referéndum de que el estado de emergencia no garantiza muchos derechos

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Manifestantes sobre un carro blindado tras el intento de golpe en Turquía
MURAD SEZER/REUTERS
Publicado 14/04/2017 1:20:15CET

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Varios expertos de Naciones Unidas han advertido al Gobierno de Turquía de con el estado de emergencia impuesto por el presidente, Recep Tayyip Erdogan, después del fallido golpe de estado de julio de 2016 no se garantizan muchos de los derechos de los ciudadanos de cara al referéndum que se celebra este domingo.

Los relatores especiales de la ONU para pobreza extrema y derechos humanos, para libertad de expresión y de opinión, para libertad de asamblea y asociación pacífica y para educación han manifestado su preocupación por el cierre de unos 200 medios de comunicación en el país.

En un comunicado, los expertos han señalado que esto supone no sólo que gran cantidad de periodistas pierdan sus empleos y, por consiguiente, su modo de subsistencia, sino que también socava la posibilidad de que exista un debate informado sobre las propuestas del referéndum.

Este domingo, 16 de abril, los turcos decidirán si se aprueba o no una reforma constitucional que daría al presidente mayores poderes para gobernar.

Los relatores han recordado que incluso bajo estado de emergencia, los derechos económicos, sociales y culturales sólo pueden ser limitados de modo que se respeten los derechos básicos y sólo "con el propósito de promover el bienestar general en una sociedad democrática".

No obstante, desde la ONU han señalado que desde entonces no ha habido ningún intento por demostrar que estas medidas, "que han destrozado las carreras y los modos de vida de decenas de miles de personas", cumplan estos criterios.

"La destitución de unos 134.000 funcionarios públicos, sin su debido proceso, compensación o acceso a un recurso apropiado por presuntos vínculos con organizaciones que el Gobierno ha elegido proscribir no puede justificarse de ningún modo", han explicado.

Asimismo, han subrayado que dada la naturaleza arbitraria de dicho estado de emergencia "existe una seria preocupación de que estos poderes podrían utilizarse de modo que se exacerben más las ya existentes violaciones de derechos económicos, sociales y culturales".

En este contexto, los expertos han señalado que están en contacto con el Gobierno turco acerca de todas estas cuestiones.

DESPUÉS DE LA INTENTONA GOLPISTA

Miles de personas han sido detenidas desde la intentona golpista por sus presuntos vínculos con el clérigo Fetulá Gulen, acusado de estar detrás de la intentona golpista de julio de 2016, que reside en Estados Unidos. Ankara ya ha reclamado a Washington su extradición.

Gulen siempre ha negado cualquier vinculación con el golpe de Estado y ha reclamado al Gobierno de Ankara que permita una investigación internacional sobre lo sucedido.

Gulen y el presidente turco eran aliados políticos hasta que la Policía y la Fiscalía, supuestos simpatizantes de Gulen, abrieron una investigación sobre corrupción en 2013.

Entonces, el mandatario turco acusó al clérigo de conspirar y erigir un Estado paralelo para derrocar al Gobierno con ayuda de la Policía y medios simpatizantes.

LA REFORMA CONSTITUCIONAL

El Parlamento ha votado un total de 18 enmiendas propuestas por el gubernamental Partido Justicia y Desarrollo (AKP), que ha contado con el apoyo del opositor Partido de Acción Nacionalista (MHP).

La reforma de la Constitución ideada por el AKP convertirá la Presidencia en un auténtico poder ejecutivo, algo que preocupa a la oposición por la deriva autoritaria del presidente.

El proyecto elimina el puesto de primer ministro, rebaja de 25 a 18 la edad mínima para presentarse al Parlamento, e incrementa el número de parlamentarios de 550 a 600, entre otros puntos.

El acuerdo entre el AKP y el MHP se basa en tres puntos. El primero, y más importante, es que Erdogan no podrá hacer uso de sus nuevos poderes ejecutivos hasta 2019.

Además, sus decretos deberán ser transformados en leyes por el Parlamento. Por último, el partido gobernante ha accedido a reducir el quórum para procesar al presidente ante el Consejo Supremo.

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