GINEBRA, 8 Feb. (Reuters/EP) -
Una comisión de investigación de Naciones Unidas ha denunciado este lunes que el "exterminio" de detenidos se ha convertido en una política de Estado para el régimen de Bashar al Assad y ha reclamado sanciones ante unos hechos que considera constitutivos de crímenes contra la Humanidad.
El grupo de expertos encabezado por Paulo Pinheiro ha analizado hechos ocurridos entre el 10 de marzo de 2011 y el 30 de noviembre de 2015, prácticamente la totalidad del conflicto. Para elaborar su informe, que analiza la situación de las personas detenidas por los distintos bandos, han hablado con 621 supervivientes y testigos, así como recogido pruebas.
La Comisión de Investigación para Siria ha establecido que "durante los últimos cuatro años y medio, miles de detenidos han muerto cuando estaban bajo custodia de las partes en conflicto", tanto de grupos yihadistas como Estado Islámico y el Frente al Nusra como del régimen sirio.
Pinheiro ha explicado en rueda de prensa que la mayoría de las víctimas son civiles varones y ha advertido de que las instalaciones donde el Gobierno estaría reteniendo a los presos continúan fuera del alcance de la ONU, a pesar de las reiteradas peticiones a este respecto.
"Los asesinatos y muertes descritos en este informe tuvieron lugar con mucha frecuencia, durante un largo periodo de tiempo y en distintas localizaciones, con un apoyo logístico significativo que implica vastos recursos del Estado", reza el informe, que equipara estas tácticas con un "exterminio" y, por extensión, con un "crimen contra la Humanidad".
Los expertos han detectado "ataques sistemáticos y extendidos contra la población civil", principal perjudicada de un conflicto que ya se ha cobrado la vida de más de 250.000 personas desde su inicio, hace casi cinco años.
Los investigadores han asegurado que decenas de miles de detenidos se encuentran retenidos por las fuerzas leales al régimen y miles más habrían "desaparecido" tras casos de reclusión o secuestro atribuibles a distintos bandos.
En el caso de las fuerzas del régimen, los expertos de la ONU se han mostrado especialmente preocupados por las tácticas de abusos sobre los civiles, que han sufrido hasta niveles límite la falta de alimentación y de asistencia médica.
Asimismo, han cuestionado los "juicios ilegales" que llevan a cabo los tribunales instaurados por el Frente al Nusra, basados en una estricta visión de la 'sharia' o ley islámica y con potestad para dictar condenas a muerte tanto de soldados del régimen como de civiles.
SANCIONES
La comisión ha pedido al Consejo de Seguridad de la ONU que tome medidas y adopte "sanciones" contra autoridades --tanto civiles como militares-- que son responsables directos o cómplices de muertes, torturas y desapariciones. Habría, asimismo, "responsabilidades penales individuales" susceptibles de ser analizadas por el Tribunal Penal Internacional (TPI).
El informe, sin embargo no da nombres de quiénes deberían ser sancionados o procesados por los crímenes cometidos durante estos años. La Comisión ha apuntado que existen indicios que señalarían a "autoridades de alto nivel".
Los expertos han subrayado que la rendición de cuentas "debe formar parte de cualquier solución política" del conflicto. Como ha reconocido la antigua fiscal del TPI Carla del Ponte, todo "depende de la voluntad política de los Estados", lo que permite que en el caso de Siria siga existiendo una "total impunidad".
"El Consejo de Seguridad no hace nada y no puede hacer nada por el veto", ha apostillado, en una referencia a la presión que ejerce Siria --aliado de Al Assad-- en el único órgano que puede remitir la situación a la justicia internacional.
COMBATIENTES EXTRANJEROS
A lo largo de sus trabajos, los investigadores internacional han proporcionado asistencia judicial a varios países que plantearon 15 peticiones de información relativa a combatientes extranjeros, a explicado ante los medios Del Ponte.
Aunque no ha querido identificar a los países implicados, en declaraciones posteriores a Reuters ha aclarado que se trata de insurgentes "de nivel medio y bajo", en ningún caso de altos mandos de organizaciones terroristas.
