MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -
La misión de investigación de la ONU sobre los presuntos abusos cometidos en Birmania ha reclamado una "reestructuración completa" de las Fuerzas Armadas, de tal forma que su actual cúpula sea cesada y la institución pase a estar "bajo control civil", ya que considera que "la paz no llegará mientras el Tatmadaw (nombre oficial del Ejército) esté por encima de la ley".
"El Tatmadaw es el mayor obstáculo para el desarrollo de Birmania como nación democrática", ha advertido este martes el jefe del grupo de expertos, Marzuki Darusman, coincidiendo con la presentación del informe completo ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El resumen publicado el 27 de agosto ya dio cuenta de los abusos perpetrados por los militares birmanos en los estados de Shan, Kachin y Rajine, en este último enclave incluso con tácticas genocidas contra los miembros de la minoría rohingya. Tanto entonces como ahora, los investigadores han llamado a depurar responsabilidades y han reclamado medidas al Gobierno que dirige 'de facto' la premio Nobel Aung San Suu Kyi.
Así, Darusman ha pedido el cese del actual jefe de las Fuerzas Armadas, Min Aung Hlaing, y del resto de integrantes la cúpula militar, así como la "reestructuración completa" de la institución para que esté por completo "bajo control civil". "La transición democrática depende de ello", ha añadido, según un comunicado.
Los máximos mandos militares también deberían ser "investigados y procesados por genocidio" por las "operaciones de limpieza" en el estado de Rajine, en opinión de los expertos, que han recopilado pruebas también de crímenes contra la humanidad y de guerra en los tres estados analizados durante las investigaciones.
"Nunca antes me había enfrentado a crímenes tan horrendos y a esta escala", ha apuntado Darusman, que ha acusado a las Fuerzas Armadas birmanas de atacar "sistemáticamente" a la población civil dentro de un "clima de impunidad" favorecido desde el Ejecutivo.
También se ha expresado en la misma línea otra integrante de la comisión, Radhika Coomaraswamy, para quien "los horrores infligidos a los hombres, mujeres y niños rohingyas durante las operaciones de agosto de 2017, incluida su matanza indiscriminada, equivalen crímenes de guerra y crímenes contra la Humanidad".
Tanto en Rajine como en Shan y Kachin, donde las fuerzas birmanas combaten con grupos armados, "los civiles son víctimas de asesinatos, violaciones, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, trabajos forzosos, tortura y malos tratos y persecución por razones étnicas o religiosas", ha apuntado Chris Sidoti, miembro también de la misión de investigación.
JUSTICIA INTERNACIONAL
Los expertos esperan que el informe, elaborado a partir de 875 entrevistas, sirva como punto de inflexión para la depuración de responsabilidades, y no solo en Birmania. Por este motivo, han instado al Consejo de Seguridad de la ONU que remita el caso al Tribunal Penal Internacional (TPI) o que establezca una corte 'ad hoc', al tiempo que han pedido sanciones contra los responsables de los abusos y un embargo de armas para Birmania.
"La comunidad internacional ha fracasado. Vamos a arreglarlo ahora para no fallar otra vez al pueblo de Birmania", han concluido los investigadores al término de un análisis sin precedentes y del que las autoridades birmanas ya se habían desmarcado.
El embajador birmano, Kyaw Moe Tun, se ha pronunciado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para denunciar que el informe es parcial, según la agencia de noticias Reuters.
