JOHANESBURGO, 9 Feb. (Reuters/EP) -
Los partidos de la oposición sudafricana han pedido este martes al Tribunal Supremo que se pronuncie sobre si el presidente, Jacob Zuma, incumplió la ley al gastarse 250 millones de rand (20,4 millones de euros) de dinero público en instalar en su casa un nuevo sistema de seguridad.
En 2014, el defensor del pueblo informó de que Zuma se había beneficiado de algunas renovaciones en su casa de Nkandla, que incluían un recinto para ganado, una piscina y un anfiteatro.
El Tribunal Constitucional decidirá durante los próximos días si la resolución de la autoridad anticorrupción de Sudáfrica, que ha acusado a Zuma de malversación de fondos públicos, es legalmente vinculante.
Zuma negó las acusaciones durante meses pero la semana pasada prometió que devolvería el dinero de las mejoras que no estuvieran relacionadas con la seguridad y pidió al auditor general y al ministro de Finanzas que decidieran la cifra apropiada.
La Alianza Democrática (AD), el principal partido opositor, y el grupo de extrema izquierda Combatientes de la Libertad Económica (EFF por sus siglas en inglés), no creen que la concesión de Zuma sea suficiente.
Ambos grupos esperan que este caso presione a Zuma y a su partido, Congreso Nacional Africano (CNA), antes de las elecciones municipales de este año y que les ayude a obtener el control de algunas ciudades, entre ellas la capital, Pretoria.
Miles de miembros del EFF, dirigidos por el antiguo líder de las juventudes del ANC, Julius Malema, han protestado este martes frente al Tribunal Constitucional contra el liderazgo de Zuma. "La única solución aceptable es que Zuma dimita", ha explicado Alpheus Mogashoa, miembro del EFF. "Zuma es el problema de Sudáfrica", ha añadido
El mandatario se ha enfrentado a fuertes críticas desde que comenzó su segundo mandato en 2014 por la fuerte desaceleración de la economía, que ha causado dificultades generalizadas.
