MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Pakistán ha rechazado este domingo las acusaciones de India tras el ataque de este domingo contra un cuartel en Uri, en Cachemira, resaltando que "apuntar a Pakistán se ha convertido en tendencia en India tras cada ataque terrorista".
"En el pasado, muchos indios han participado en actos terroristas de los que India ha acusado a Pakistán", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores, Nafis Zakaria.
En este sentido, ha recalcado que "India intenta distraer la atención del mundo de las violaciones de Derechos Humanos que comete en la Cachemira ocupada", tal y como ha informado el diario local 'Dawn'.
"El mundo entero contempla las atrocidades de India en la Cachemira que controla, y el alto comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha propuesto enviar una misión de investigación, lo que India ha rechazado", ha remachado.
Horas antes, el ministro del Interior indio, Rajnath Singh, responsabilizó al estado "terrorista" de Pakistán del ataque, en el que han muerto 17 militares indios y cuatro milicianos, e hizo un llamamiento a aislar al país vecino.
"Estoy muy decepcionado con el apoyo continuo y directo de Pakistán al terrorismo y los grupos terroristas. Pakistán es un estado terrorista y debería ser señalado y aislado como tal", apuntó Singh a través de su cuenta en Twitter.
El ataque de Uri ha sido el más grave contra el Ejército indio en Cachemira en los últimos 26 años. En la base hay unos 12.000 militares y su principal función es vigilar la Línea de Control que funciona como frontera entre las partes de Cachemira bajo control indio y paquistaní.
Este ataque llega en un momento de mucha tensión en la región de Cachemira, que tiene una mayoría de población musulmana y en la que se suceden las manifestaciones tras la muerte de un comandante separatista el 8 de julio.
Al menos 78 civiles han muerto y varios miles han resultado heridos en enfrentamientos callejeros con las fuerzas de seguridad indias, que han sido criticadas por los grupos de defensa de los Derechos Humanos por la violencia con la que actúan contra los manifestantes.
